Esa costumbre de confirmar a Yabrán

Una buena parte de los argentinos está concientizada y pelea de alguna forma ante el avance de las mineras y su poder de lobby sobre el gobierno y sus socios extranjeros, que quieren entrar a saco en el país para extraer sus riquezas minerales sin medir las consecuencias ambientales.

 

Es una vieja aspiración de los capitales que están detrás de estos emprendimientos que se llevan la riqueza mineral y dejan una migaja en el país y los territorios y su entorno natural afectados por años o, definitivamente arruinados.

 

?El compendio de estos contaminantes que destruyen ecosistemas completos y hacen imposible el reasentamiento humano y productivo tiene una larga lista. Desde los llamados relaves, lodos cargados de reactivos químicos como cianuro o mercurio y metales pesados, los drenajes de agua ácida formada por la oxidación de minerales sulfurosos que disuelve y transporta metales tóxicos como arsénico, plomo, cadmio, hacia ríos y acuíferos hasta el volcado directo de metales pesados y metaloides como el arsénico, el plomo y el mercurio, acumulan en la cadena alimentaria y causan daños irreversibles a la salud y la biodiversidad.

 

Estos desastres ambientales suelen ser ocultados por el aparto mediático asociado y solo salen a la luz cuando las comunidades se plantan ante estos abusos y salen a pelear en las calles por su entorno natural y la salud de ellos y sus hijos. Algo así es lo que está pasando con los incendios del sur del país, prohijados por una serie de medidas de desprotección de la lucha contra el fuego y la destrucción de la legislación que desalentaba esas quemas inducidas al no permitir la venta de esas tierras quemadas por décadas.

 

Los episodios mineros y los focos de incendio encienden rápidamente la conciencia ecológica de la población, a tal punto que fue la trascendencia que tomaron las ayudas de artistas y la protesta de gobernadores, que el gobierno libertario, a regañadientes tuvo que declarar, tardíamente y cuando ya cientos de miles de hectáreas de bosques estaban arrasadas, la emergencia ígnea.

 

Pero los pampeanos sabemos que, aunque pavorosos, no son los incendios ni las mineras las que provocan el daño ambiental más importante de nuestro país.

 

Es que el mayor desastre ecológico en la historia de la Argentina nos tiene como víctimas desde hace más de un siglo con la destrucción del ecosistema de la cuenca de los ríos Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, la mayor cuenca hídrica del interior del país que ha sido secada en su totalidad y nadie parece interesado en hacer nada, salvo, claro está, La Pampa.

 

La responsabilidad en este desastre ambiental es de las acciones de las provincias de San Juan y Mendoza que se apropiaron de toda el agua para el riego en sus jurisdicciones, con la complicidad de la Nación y de todos los partidos políticos que, con sus más y sus menos, se hicieron los distraídos y miraron para otro lado.

 

Actualmente, las acciones judiciales que se iniciaron están cajoneadas en la Corte Suprema que, con el antecedente de su propio fallo sobre el río Atuel y la escorrentía que Mendoza debe garantizar en el límite con La Pampa, le sería muy fácil repetir en este caso casi idéntico en su reclamo. (Fallo que, aun estando firme, no se cumple).

 

Como ha pasado en otros oscuros períodos de la historia, la Corte parece estar solo para confirmar aquella frase de Yabrán que decía que el poder es tener impunidad. La misma que se le garantiza a los perpetradores del ecocidio del Desaguadero y también, fallo incumplido mediante, del Atuel.