Gesta mendocina que replica la del Atuel

La cordillera de los Andes alberga dos de las riquezas más grandes que tienen los países que cruza: agua y minerales. Por su altura, esas enormes masas de roca que se elevan al compás de la deriva de los continentes que en su etapa actual avanzan hacia el Pacífico, funcionan como grandes reservorios de agua en estado sólido.

 

La nieve que en la época invernal se acumula en las alturas funciona como una enorme batería que, en vez de almacenar energía eléctrica, acumula agua y con las temperaturas más cálidas de la primavera y el verano se libera y corre a través de los ríos cordilleranos.

 

Ese es el ciclo de los ríos que atraviesan Mendoza y también La Pampa. Tanto el Colorado, como el Atuel y el Salado Chadileuvú-Curacó nacen en la cordillera desde Mendoza hasta Catamarca.

 

Ese agua que la naturaleza se ocupa de almacenar es un recurso natural renovable que no admite apropiación privada. Pero en los hechos esa apropiación ocurre.

 

Pese a las leyes y tratados internacionales que garantizan en teoría el derecho al agua a todos los habitantes, es hoy un recurso que las grandes empresas y sus cómplices gubernamentales se apropian privando al resto de su acceso.

 

La Pampa sabe mucho de eso. El uso y abuso aguas arriba de los ríos que atraviesan la provincia ha secado los cauces del Atuel y El Salado, ambos pertenecientes a la cuenca hídrica interior más grande de la República Argentina: la Cuenca del Desaguadero que nace en la cordillera desde Catamarca hasta Mendoza.

 

En estos días, buena parte de la sociedad civil mendocina se encuentra en estado de movilización por la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de una ley que autoriza la megaminería. Ayer la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial ratificaría ese voto y daría carácter de ley a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge.

 

Ese proyecto data de 2007 y ha sido resistido por la sociedad mendocina y sus estudios de impacto ambiental rechazados por las movilizaciones de comunidades que viven del agua o la defienden como sostén ambiental.

 

El proyecto es de la empresa PSJ Cobre Mendocino, de capitales suizos y argentinos que estaría activo tres décadas con una inversión superior a los 500 millones de dólares.

 

Los asambleístas que se oponen a este proyecto sospechan que el estudio de impacto ambiental esconde el daño irreparable que esa actividad minera producirá sobre las reservas de agua potable.

 

La minería, se sabe, utiliza ingentes cantidades de agua y elementos químicos cuyo efecto sobre el medio ambiente, temen, es minimizado en el proyecto.

 

Desde nuestra provincia, los diferentes actores tanto políticos como gubernamentales, la Universidad, las asambleas de defensa del agua y en general las fuerzas vivas de la sociedad, miran con simpatía el movimiento en defensa del agua en Mendoza.

 

Los pampeanos sabemos que esa gesta mendocina por el agua replica la gesta pampeana y es idéntica en su reclamo. Tal vez sin advertirlo aún, los protagonistas cuyanos de esta enorme movilización, sus argumentos son los mismos que La Pampa esgrime para recuperar el agua que aguas arriba cortó los ríos en Mendoza y otras provincias cordilleranas.

 

Lo que les pasa hoy a los mendocinas y mendocinos nos pasa a los pampeanos desde 1947 y aun antes. El drama que desde hace décadas vive La Pampa por el robo del agua y la desertificación del Oeste, lo padece ahora Mendoza.

 

Si una moraleja quedará de esta crisis y movilización, si para algo servirá tal vez esta crisis del agua desatada por el afán extractivista, no es solo que el proyecto minero vuelva a detenerse en aras de los intereses del conjunto, sino además, para que en Mendoza se tome conciencia que el problema del agua, su utilización y su distribución no reconoce fronteras ni divisiones políticas ni jurisdiccionales.