Lunes 28 de noviembre 2022

Hacia la dictadura de los jueces

Redacción 25/11/2022 - 08.14.hs

La violencia política, una desgracia que se creía superada con la retirada de la última dictadura cívico-militar y el retorno de la vida democrática en diciembre de 1983, acecha nuevamente a la sociedad argentina. El atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación fue un golpe durísimo que puso en entredicho el pacto de convivencia pacífica asumido por todas las fuerzas políticas argentinas desde aquella fecha.

 

A esta altura es harto evidente que la jueza que está llevando adelante la investigación del ataque contra Cristina Kirchner no está a la altura de las circunstancias. Su trabajo es deficiente por donde se lo mire.

 

Infinidad de medidas solicitadas por los abogados de la Vicepresidenta fueron ignoradas por la magistrada, líneas de investigación a todas luces pertinentes fueron desestimadas, hubo "errores" groseros en las pericias, una de las principales sospechosas estuvo a punto de escapar por la morosidad en pedir su captura... La sumatoria de inconductas que delatan una voluntad de no asumir con la seriedad y profundidad que este caso requiere es alarmante. La Cámara Federal que está por encima de la jueza actúa con la misma indolencia, como cuando ordenó la liberación de los integrantes del grupo neonazi Revolución Federal a pesar de haber recibido su cabecilla y otro miembro enormes sumas de dinero por trabajos muy sospechosos que, todo indica no fueron realizados.

 

Todas esas pistas que tan fácilmente desecha la jueza y la cámara apuntan a oscuras relaciones entre los acusados y representantes políticos de la derecha macrista, como los hermanos Caputo, el diputado Gerardo Milman, el dirigente Hernán Carrol, como también los abogados que asumieron la defensa de los atacantes.

 

Esta profunda degradación del Poder Judicial, que a esta altura ya debiera llamarse Partido Judicial, no es inocua para la sociedad argentina. Si bien sus efectos más devastadores se observan en los ámbitos tribunalicios, sus consecuencias negativas exceden ese ámbito.

 

El aparato judicial, desde su propia cúpula de la Corte Suprema de Justicia, aparece desertando de su función original establecida en la Constitución nacional para convertirse en un instrumento de persecución al servicio de la derecha política, económica y mediática. Hay ejemplos a manos llenas. Quizás el caso más escandaloso haya sido el avasallamiento de las facultades legislativas del Congreso para usurpar la presidencia del Consejo de la Magistratura, insolencia que estuvo a la altura de antecedentes como la aplicación de la "doctrina Irurzun" para encarcelar a opositores durante los años de la "mesa judicial" del prófugo "Pepin" Rodríguez Simón. Recientemente un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que Cristina Kirchner recibió 654 denuncias penales. Es el ejemplo más evidente de lo que se denomina "law fare", la guerra judicial. Pero lo peor no son las denuncias de particulares sino el aparato judicial que las acepta y las tramita a pesar de ser innegables operaciones políticas.

 

Si la sociedad y su clase política no reaccionan, la dictadura de los jueces no será solo una amenaza sino una ominosa realidad.

 

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