Hay 700 jueces que cobran dos o tres veces más que el presidente

La crisis de credibilidad del Poder Judicial tiene que incorporar el debate por los privilegios de los magistrados.

 

Por Marcos Aldazábal

 

Hace años que el Poder Judicial federal se ha convertido en un eje central del debate público. Las posturas de los principales sectores políticos son, en general, críticas con la administración de Justicia. La sociedad, por su parte, tampoco parece conforme: sólo un 19% de la población está satisfecha con la actuación judicial. Algunas apreciaciones varían: por ejemplo, mientras se la acusa de garantizar la impunidad, también se le atribuye ser una herramienta de persecución política. Otras, coinciden: la lentitud de los procesos o la desactualización tecnológica son evidentes y todos buscan revertirlas. Entre la multiplicidad de diagnósticos y recetas, sin embargo, suele prestarse muy poca atención a un factor central para explicar muchos de los déficits del Poder Judicial: los salarios.

 

Es cierto que han existido intentos de que los jueces paguen impuesto a las ganancias (y algo se ha logrado); pero, en general, no parece haber una voluntad fuerte de discutir los ingresos de quienes trabajan en la administración de justicia. Dados los costos que implica enfrentarse con el Poder Judicial, esto puede parecer una decisión política lógica. No obstante, una vez que nos enfrentamos con los datos y los analizamos, la necesidad y los beneficios de romper con privilegios judiciales son evidentes.

 

Algunos números.

 

Veamos y pensemos algunos números. Hoy, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra, aproximadamente, entre 3 y 3,5 millones de pesos por mes. El monto publicado en la página de la Corte revela una cifra de dos millones de pesos mensuales, pero a este número debe agregársele un 2% de antigüedad contada desde el ingreso del juez al Poder Judicial o desde la obtención de su título de abogado, más otros adicionales y algunos descuentos que varían según el caso. Los jueces de la Cámara de Casación, o de cámaras de apelaciones federales o nacionales, cobran un monto levemente menor: como estimativo, entre 2,8 millones y 3,3 millones de pesos. Los jueces de primera instancia oscilan entre los 2,5 millones y los 3 millones de pesos. En total, hay poco más de mil cargos judiciales nacionales y federales creados, aunque un porcentaje significativo está vacante, por lo que podemos estimar que hay cerca de 700 jueces, entre federales y nacionales.

 

Estos salarios están muy por encima del de funcionarios públicos de los otros dos poderes del Estado. Todo este grupo de jueces cobra entre dos y tres veces más que el Presidente y entre cuatro y cinco veces más que un senador nacional. Más importante todavía, estos sueldos son entre 30 y 40 veces mayores que el salario mínimo. Estos jueces cobran entre 11 y 40 veces más que un docente con jornada completa (según la provincia), cerca de diez veces más que el salario de un comisario federal y, más en general, sus sueldos son cerca de 30 veces mayores que el ingreso promedio de un trabajador registrado.

 

A estos valores se les suman dos datos importantes. Uno es que los cargos son vitalicios y otro que la mayoría de los judiciales no pagan impuesto a las ganancias. Sólo pagan quienes ocupan sus cargos desde 2017, a partir de una ley sancionada en 2016. La gran mayoría de los magistrados y, especialmente, de los funcionarios y empleados trabaja desde mucho antes en el Poder Judicial. Además, el cobro de este nuevo impuesto se postergó hasta 2019 a raíz de una acción presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para disminuir el alcance del nuevo tributo, que derivó en una medida cautelar que fue aceptada en todas las instancias, hasta que la revocó la Corte Suprema.

 

Justificaciones.

 

Aquí debemos detenernos y reflexionar acerca de estas cifras. Los argumentos usuales para justificar estos montos salariales y que no se los pueda afectar a través de gravámenes o de recortes son, al menos, cuestionables. El principal es que la intangibilidad de las remuneraciones asegura la independencia judicial. Esto equivale a decir que los jueces se corromperán si no cobran salarios millonarios. Una variación del mismo razonamiento es que, si los salarios judiciales estuviesen sujetos a vaivenes dependientes de la decisión de los otros poderes, sería posible que el ajuste salarial fuera utilizado para presionar magistrados. Si bien esto es un poco más convincente, su alcance es limitado: puede explicar por qué un juez debería cobrar un salario razonable y por qué ese salario debería mantenerse relativamente estable. Pero sigue sin explicar por qué cobrar tres millones de pesos puede considerarse razonable.

 

Hay una razón más mundana, algo más persuasiva, aunque suene mal. Un juez de la Corte dijo que un magistrado debería cobrar, al menos, como “un abogado de mediano éxito”. Esta lógica tiene algún sentido. La abogacía es una profesión que puede estar muy bien remunerada y puede suponerse que los jueces de la Corte Suprema y de cámaras de alta jerarquía tendrían sueldos altos si fueran abogados privados. En este sentido, si queremos seleccionar a los jueces de acuerdo con criterios de excelencia, es razonable darles una remuneración que los seduzca para ocupar esos cargos. Ahora bien, esta remuneración tiene que tener un límite, tanto porque el Estado trabaja con recursos limitados como porque pregona cierta ética y estética, si no austeridad, al menos racionalidad. A esto se suma que la remuneración no viene sola: viene con estabilidad en el cargo, jubilación de privilegio y otros beneficios. Pero, además, aun si supusiéramos que un grupo muy reducido de jueces podría ganar algo similar en el sector privado a lo que percibe en la función pública, esto difícilmente se extiende a los setecientos magistrados que cobran cerca de tres millones de pesos.

 

La solución no es fácil. A nadie le sirve dilapidar recursos, crear estructuras elefantiásicas e incentivar conductas que socavan la educación jurídica y la oferta de abogados, entre otros problemas. Si tan obsesionados estamos con los consensos, quizás, aquí podemos encontrar un primer punto. (Extractado de Cenital)