La dignidad en retirada

Ing. Javier Mariano García Guerrero *

 

“Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad.” Encíclica Laudato Si del Papa Francisco en 2015.

 

“El trabajo dignifica”, decían nuestros mayores cuando era garantía de integración social y familiar. La idea de que el empleo es la vía de salida de la pobreza se ha esfumado. La cantidad de jóvenes que no estudia ni trabaja se ha duplicado desde 2023 afectando a dos millones de argentinos.

 

La causa es estructural. La educación técnica y la formación profesional han sido desfinanciadas en términos reales, con caídas acumuladas estimadas superiores al 40% en programas de equipamiento y fortalecimiento. Desde 2023, el sistema de becas estudiantiles en Argentina pasó de cubrir a más de un millón de jóvenes a 380.000 en 2026, con una caída simultánea del presupuesto real superior al 60% y más del 50% de su poder adquisitivo. Los programas de pasantías y formación dual se redujeron correlativamente.

 

A esto se suman factores sociales que agravan la empleabilidad. Menos del 60% de los jóvenes completa la escuela secundaria en tiempo y forma. El consumo problemático de sustancias afecta a una proporción creciente de jóvenes, y la malnutrición sigue impactando en el desarrollo cognitivo de amplios sectores. Son condicionantes silenciosos pero determinantes del futuro laboral.

 

Impacto juvenil.

 

El impacto es particularmente severo en jóvenes y mujeres. La tasa de empleo juvenil femenino apenas supera el 35%, y la desocupación en ese segmento ronda el 16-17%.

 

Pero el dato más preocupante es el desaliento: muchas jóvenes abandonan la búsqueda laboral ante la falta de oportunidades y la ausencia de sistemas de cuidado de sus hijos.

 

Según el Indec, la tasa de empleo ronda el 45% en los principales aglomerados urbanos. Pero ese dato, aislado, es engañoso. El 43% de los ocupados trabaja en la informalidad y el 36,3% de los asalariados no realiza aportes jubilatorios. En términos simples: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen sin derechos básicos, sin estabilidad y sin protección social. El cuentapropismo ya supera el 22% del empleo total, en muchos casos asociado a actividades de subsistencia, de baja productividad y escaso ingreso.

 

Los trabajadores de plataformas asumen sus propios costos, no tienen aguinaldo, vacaciones, licencias ni cobertura ante accidentes. Así se consolida un fenómeno estructural: personas que trabajan y siguen siendo pobres. Actualmente el salario mínimo cubre apenas una cuarta parte de la canasta básica: se necesitan más de cuatro ingresos mínimos para que una familia no sea pobre. En términos alimentarios,incluso alcanza solo para cubrir alrededor de dos semanas de comida al mes, el empleo precario se ha convertido en una trampa.

 

El crimen organizado crece como empleador y actor económico que se estima representa el más del 2% del PBI. Narcotráfico, trata laboral y sexual, usura y juego clandestino no solo crecen: reclutan y financian. Allí donde el trabajo formal desaparece, emerge un mercado laboral ilegal que ofrece ingresos inmediatos. El gobierno Nacional concreta su contribución al fenómeno relajando los controles sobre elusión, evasión y lavado de dinero, reduciendo las multas por infracciones laborales y las indemnizaciones, desertando del poder de control fiscal y policial del trabajo infantil, mientras recrudecen los rumores de acuerdos sobre territorios administrados y liberados a la actividad criminal. Habladurías.

 

Más problemas.

 

Pero el problema no termina en los ingresos. Cada trabajador informal es un aporte menos al sistema previsional, un contribuyente menos al financiamiento de la salud y una señal de alarma para la sostenibilidad fiscal presente y futura. La informalidad no solo empobrece a las personas: desfinancia al Estado.

 

A este cuadro se suma una transformación más silenciosa, pero igual de grave: la fragmentación del mercado laboral que genera competencia desigual y empuja a la baja las condiciones laborales.

 

El contexto económico profundiza el problema. Desde 2023, los sectores que históricamente generaron empleo muestran caídas significativas. La construcción registró desplomes superiores al 20% interanual, la Obra Pública acumuló reducciones superiores al 60% en términos reales en 2024-2025. La industria manufacturera presenta retrocesos con caídas de producción inéditas, al igual que el comercio afectado por la pérdida del poder adquisitivo.

 

Durante la Dictadura Militar, el salario real de los trabajadores sufrió una caída del 40% en el marco de un proceso de apertura económica, desindustrialización y disciplinamiento laboral. Casi medio siglo después y en democracia, el deterioro vuelve a mostrar magnitudes similares. Solo desde fines de 2023, los salarios del sector público acumulan una caída superior al 35% real, con nuevas formas de precariedad que amplifican su impacto.

 

Compleja paradoja.

 

La paradoja actual es aún más compleja. Mientras crece el desempleo y la precariedad en la base, faltan trabajadores en los niveles técnicos. Sectores como energía, mantenimiento industrial, software, petróleo, minería o tecnología reportan vacantes sin cubrir. El resultado es el “sobre-empleo”: importación de expertos y trabajadores calificados saturados, acumulando horas extra para compensar la escasez de perfiles.

 

Frente a este panorama, seguir hablando de “crear empleo” sin discutir su calidad es cuanto menos ingenuo o irresponsable. Porque cuando trabajar ya no alcanza, no solo fracasa la economía. Fracasa la sociedad que se queda sin futuro.

 

“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40% y elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar”. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Rodolfo Walsh.

 

* Autor y director del Programa de Becas Tecnológicas en Empresas del programa Profide del Ministerio de Educación y Cultura en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora con más de 4.000 beneficiarios anuales.