La mejor respuesta contra la prepotencia del poder

A nivel local, el intendente procedió a retirar el cableado ilegal de Telefónica; a nivel nacional, la movilización en todo el país frenó la reforma laboral. Cuando el poder atropella, nada mejor que no flaquear en la respuesta.

 

SERGIO SANTESTEBAN

 

En la misma semana, dos hechos políticos de alta significación sacudieron nuestra provincia y el país. Pero la cercanía temporal no fue la única coincidencia. Ambos casos están cruzados por un denominador común: la confrontación entre la prepotencia de los poderosos y la respuesta decidida de quienes se niegan a ser avasallados pasivamente.

 

En Santa Rosa, el intendente Luciano di Nápoli llevó a la acción su advertencia a la empresa Telefónica y procedió a desarmar el cableado que esa compañía, recientemente adquirida por el Grupo Clarín, instaló en abierto desafío a las normativas y desoyendo las reiteradas advertencias de la comuna. Si en un principio, en los mentideros de la política local, muchos pusieron en duda que tal procedimiento se fuera a llevar a cabo, la determinación del jefe comunal acabó por disipar tales prevenciones.

 

Nada frecuente.

 

En verdad, hay que reconocer que no es frecuente, ni aquí ni en todo el país, que un funcionario público, cualquiera sea su rango, se atreva a confrontar con el grupo mediático más poderoso. Vivimos tiempos de poderes fácticos desbocados y de subordinación de la clase política. Hay ejemplos a manos llenas. Los gobernadores que se arrodillan frente a las exigencias de las grandes compañías mineras; los presidentes que retroceden ante el menor amague como Alberto Fernández contra la fallida Vicentín; o Javier Milei operando como un gerente y celoso defensor de los intereses del “círculo rojo”, al punto de bajarle impuestos a los más acaudalados –Bienes Personales, Ganancias, retenciones a las exportaciones— mientras ajusta y castiga sin piedad a los sectores más vulnerables: asalariados, jubilados, enfermos oncológicos, personas con discapacidad, etc.

 

En este escenario general, el acto de hacer valer la potestad del Estado municipal ante la voracidad de un actor privado, aparece como un caso fuera de lo común, aún a sabiendas de que una significativa mayoría de los santarroseños apoya el accionar del intendente. Quedó largamente demostrado cuando el tema debió ser tratado por el Concejo Deliberante y ese día el salón de sesiones fue desbordado por la multitud que se hizo presente para ver de cerca qué hacían sus representantes.

 

El silencio de todo el arco político es otro ingrediente llamativo en esta compulsa. Entendible en la oposición local, muy cercana o contemplativa con el gobierno nacional, pero no en el peronismo que debería mostrar la tan declamada “unidad” en estas peleas de fondo antes que en documentos intrascendentes. El temprano posicionamiento del gobernador Sergio Ziliotto –en apoyo al cooperativismo y alertando sobre las habituales maniobras del Grupo Clarín— quedó como solitaria expresión en medio del silencio del resto de la dirigencia justicialista. Para peor, las únicas excepciones fueron el diputado provincial César Montes de Oca y su hija Romina, viceintendenta, quienes, como dirigentes del gremio telefónico, sumaron sus voces de bienvenida a las corporaciones foráneas con apelaciones demagógicas a la innovación tecnológica y a la competencia.

 

En la calle.

 

En el terreno de la política nacional, la otra respuesta digna de mención fue la movilización de las centrales sindicales: la CGT, las dos CTA, ATE y otras organizaciones gremiales, sociales, políticas, estudiantiles, etc., para oponerse a una reforma laboral que bajo el engañoso título de “modernización” esconde una fuerte voluntad de precarización del mundo del trabajo. Nada nuevo, pues desde hace mucho tiempo la derecha política y el gran empresariado argentino vienen intentando someter a la clase trabajadora arrasando con sus derechos, muchos de los cuales ya han sido barridos por la fuerza de los hechos y por las relaciones de poder cada vez más desiguales. Desde la última dictadura, pasando por el menemismo, el delarruísmo, el macrismo y ahora el mileísmo, la demolición de la arquitectura legal y constitucional que supo destacar a nuestro país desde mediados del siglo pasado, ha sido un objetivo largamente acariciado y muchas veces concretado para perjuicio de los que viven de su fuerza del trabajo y beneficio de los que sacan provecho de su explotación.

 

En un Congreso Nacional plagado de lealtades volátiles muy sensibles a la billetera selectivamente generosa o avara del gobierno nacional, no se pudo avanzar con esta reforma que retrocede un siglo en la legislación laboral y su tratamiento quedó postergado hasta febrero del año entrante. El mes de enero no será –no debería ser- de vacaciones para los que se juegan el futuro en esta pelea de fondo entre el capital y el trabajo. Milei no va a abandonar esta ofensiva porque su mayor deseo es ofrendar esta reforma a su “amigo” Donald Trump, al FMI y, por supuesto, a la elite económica criolla. Si las organizaciones gremiales se duermen o vacilan ante los espejitos de colores libertarios es muy probable que el retroceso sea, esta vez, definitivo.