Matemos a los abogados

El Superior Tribunal de Justicia provincial anunció, con bombos y platillos -aunque sin una gran elaboración ni debate previo al respecto- el proyecto de eliminar del calendario judicial las llamadas "ferias".

 

JOSE ALBARRACIN

 

En la escena segunda del cuarto acto de su drama "Enrique VI" (parte segunda) William Shakespeare pone en boca de su personaje Dick, "el carnicero", la siguiente frase: "lo primero que hay que hacer es matar a todos los abogados". Pero no lo dice necesariamente como expresión de un sentimiento de odio a esa profesión que, desde luego, ya existía en tiempos del Bardo. El carnicero es parte de un complot para deponer al rey Enrique, y el plan incluye necesariamente impedir que sus súbditos tengan a quien recurrir ante los atropellos que sufrirán tras el golpe.

 

Alberdi.

 

La cita viene a cuento de que el viernes pasado se celebró nuevamente en Argentina el Día del Abogado, que conmemora a Juan Bautista Alberdi, un prócer de esa profesión, uno de los principales responsables de la organización nacional, y en particular, un gran inspirador de la Constitución de 1853. Pobre Alberdi, de haber sabido que en nuestros días pasaría a integrar el canon de favoritos de un gobierno que se propone destruir el Estado desde adentro, y que ha pisoteado cuanta norma constitucional se le cruzó en el camino, quizá lo hubiera pensado dos veces antes de esforzarse tanto.

 

Coincidencia o no, fue precisamente la semana pasada que el Superior Tribunal de Justicia provincial anunció, con bombos y platillos -aunque sin una gran elaboración ni debate previo al respecto- el proyecto de eliminar del calendario judicial las llamadas "ferias", que tradicionalmente abarcan todo el mes de enero, y quince días del mes de julio, en coincidencia con las vacaciones escolares.

 

Atajándose al previsible malestar gremial, aclararon de entrada que tanto jueces como funcionarios y empleados judiciales seguirán gozando de su régimen de licencia anual paga, que rondaría los 45 días anuales. Al mismo tiempo destacaron que ahora "los abogados podrán trabajar todo lo que quieran", y que, si desean descansar, podrán negociar, en cada expediente, una suspensión de plazos por hasta quince días anuales, siempre que la contraparte esté de acuerdo.

 

Precario.

 

Aparentemente, los jueces no advierten que en este doble mensaje se esconde una situación de flagrante inequidad: para adentro del mostrador de tribunales, el personal judicial -que goza de estabilidad, un sueldo seguro, y demás beneficios laborales- no perderá ni un ápice de su derecho al descanso anual. Pero más allá de ese límite, los profesionales que son parte esencial del servicio de justicia -y que, supuestamente, son dignos del mismo respeto que los jueces- son arrojados a una situación de precariedad, ya que se los priva de su derecho al descanso y a pasar tiempo con sus familias. Derecho que, desde luego, no es pago por el Estado, ya que son "emprendedores".

 

Los abogados serían, así, el típico sujeto de la "sociedad del cansancio" de la que habla el filósofo coreano Byung-Chul Han, quien pregona que el trabajador de nuestros días se explota a sí mismo hasta quedar exhausto, lleva una vida de insatisfacción y privación de tiempo para sí mismo, y está propenso constantemente a la depresión.

 

No es casual que esta iniciativa -que se ha intentado sin éxito en otras provincias- aparezca en momentos en que el Poder Judicial, conforme las encuestas de opinión pública, goza de una estima muy baja entre los ciudadanos. El gesto, a no dudarlo, tiende a reconciliar a esta rama del gobierno con la población desencantada, con la promesa de que, con esta reforma, se agilizará el servicio de justicia.

 

Se pretexta además que, con la digitalización y "despapelización" de los trámites judiciales, se ha ahorrado una cantidad de trabajo interno en el manejo de expedientes y su archivo, que justifica suprimir las ferias.

 

Trabajo.

 

La verdad es que buena parte de ese "trabajo" del que hablan los jueces, está a cargo en buena medida de los abogados. Muchos documentos que constituyen actos públicos y llevan la firma de jueces y secretarios (cédulas, oficios, mandamientos, etcétera) son en realidad confeccionados por los profesionales externos. Y ahora, con la digitalización de expedientes, son lo abogados, también, quienes corren con el trabajo de escanear y subir al sistema los viejos expedientes de papel. En algunos casos, hasta se les pide que aporten copias en papel de sus presentaciones para facilitar su lectura por "los de adentro".

 

El nuevo sistema ha implicado además un bombardeo de notificaciones por vía del correo electrónico, que no se detienen ni durante las vacaciones, y que en muchos casos implican el comienzo de un plazo que obliga en forma perentoria a producir un acto procesal en plazos exiguos, de tres, cinco, o -excepcionalmente- diez días. Así, como las redes sociales, los sitios de home-banking y de compras, el trámite judicial se transforma en un trabajo de tiempo completo, sin derecho a la desconexión.

 

Los abogados se quejan de que, por el contrario, los jueces incumplen constantemente con los plazos procesales, sin sanción alguna: en cambio, para un letrado externo, el vencimiento de un plazo puede acarrear gravísimas consecuencias profesionales y patrimoniales. Así es como muchas sentencias, sobre todo en las instancias superiores, se demoran por meses, incluso por años. Aseguran, además, que el horario de atención al público -que antes era hasta las 13, y desde hace unos años se redujo hasta las 12,30 horas- bien podría extenderse al horario vespertino, como hacen los estudios jurídicos.

 

Por otra parte, resulta ostensible que la enorme mayoría de los abogados pampeanos ha experimentado un proceso de proletarización, en especial, con el crecimiento exponencial de la matrícula desde que se dicta la carrera en la UNLPam.

 

Cómo es que se ha tomado esta iniciativa sin una consulta previa con un sector tan crucial del trabajo judicial, resulta llamativo. A menos que se trate solamente de un gesto vacío, y que la previsible resistencia de los letrados sirva como pretexto ante la sociedad por los problemas de funcionamiento del sistema judicial.