Milei cerró la agencia Télam

Fiel a su estilo, el gobierno nacional clausuró la agencia de noticias estatal impidiendo el ingreso de sus trabajadores y colocando un vallado policial en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Las medidas que está tomando Javier Milei en los casi dos meses que lleva desde su asunción como presidente, fueron anunciadas en su campaña electoral. Ello para que no se sorprendan quienes lo votaron pensando que “no iba a hacer” lo que estaba diciendo que iba a hacer. Su plan “Motosierra” también fue anunciado cuando empuñó esta herramienta en una caravana en el conurbano bonaerense.

 

El cierre de Télam formó parte de su discurso de apertura de sesiones en el Congreso Nacional, el pasado viernes y un cable de esa agencia lo informó ese día.

 

La agencia estatal se llama “Telenoticiosa Americana” y está considerada la más grande de la región, con corresponsalías en todo el país, incluida la Antártida. Fue creada en 1945 por el entonces Secretario de Trabajo Juan Perón y su tarea es muy importante para la distribución de noticias en Argentina, América Latina y todo el mundo. La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Argentina, en un comunicado, destacó la labor de Télam, pues durante décadas ha sido una fuente de información sobre noticias del país para medios locales e internacionales.

 

El trabajo que realizan sus más de 755 periodistas y fotógrafos se vuelca en unos 500 cables diarios que se distribuyen a más de 800 medios de comunicación. El archivo fotográfico de Télam es el más importante del país, a pesar de la destrucción de parte del mismo durante la dictadura militar de Videla.

 

La agencia se encarga también del control y facturación de la distribución de la publicidad oficial del Gobierno nacional, hasta la suspensión de esta como parte del plan de recortes de Milei.

 

En todas las provincias hay una corresponsalía de Télam, lo que garantiza una cobertura federal de la información, una carencia de las grandes cadenas noticiosas cuyos contenidos son casi exclusivamente de hechos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

 

Licencias.

 

Los empleados y empleadas de Télam recibieron el lunes a la madrugada, un correo electrónico en el que se les comunicaba que estaban “dispensados” de prestar servicios por una semana, con goce de haberes. La comunicación estaba firmada por el interventor designado por el actual gobierno, Diego Chaher. Qué pasará después con esos trabajadores, no se sabe. La incertidumbre laboral en las actuales circunstancias de crisis económica y social, forma parte también del “plan Motosierra” tan celebrado por el coro libertario. Fue doloroso e indignante ver un video difundido por las redes donde un grupito de militantes mileístas “celebraban” el cierre de Télam frente al sindicato de prensa SiPreBa, burlándose de la situación por la que están atravesando esos compatriotas.

 

Pérdidas.

 

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la previsión deficitaria del presupuesto de la agencia para este año se calculaba en 20.000 millones de pesos. Entre dudoso y falso. El presupuesto del año pasado -prorrogado este año- era de ingresos por 12.288 millones de pesos y gastos de 18.023 millones, con una pérdida para 2023 de 5.735 millones de pesos.

 

Además de la cuestión económica, Milei planteó siempre que el cierre de Télam era por supuesta “falta de pluralismo informativo” pues consideró a la agencia como un aparato de propaganda del kirchnerismo.

 

Sin embargo, el hecho que sus contenidos noticiosos fueran receptados por centenares de medios de comunicación de todo el mundo, desmienten esa acusación.

 

Rechazos.

 

La medida concitó el rechazo de referentes políticos, sindicales y de derechos humanos, no solo por la pérdida de más de 700 puestos de trabajo sino por la importante tarea informativa que realiza Télam. Por ello, sus trabajadores realizaron el lunes un “abrazo” simbólico en contra del cierre.

 

Diputados nacionales como el cordobés Pablo Carro (UXP) y de la izquierda Myriam Bregman (FITU), presentaron proyectos de ley "en defensa de Télam", rechazando "todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la agencia". Denunciaron que detrás del cierre “se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión". También hubo pronunciamientos para que cese el operativo policial frente a la sede de Télam y se reclamó la inmediata apertura de las instalaciones y el alta de su página web y servicio de cablera. Desde la madrugada del lunes, la página web de la agencia estatal se encuentra caída, con una leyenda que dice “Página en reconstrucción” y no se puede acceder a publicaciones anteriores ni a información general de su sitio.

 

Nulo.

 

La medida adoptada por el gobierno de Milei fue también cuestionada desde el punto de vista jurídico. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez expresó que al ser Télam una sociedad del Estado (SE) regida por la ley 20.705, para poder ser liquidada por el Poder Ejecutivo debe dictarse previamente una ley por parte del Congreso. La ley 20705 fue derogada por el DNU 70/2020 dictado por Milei.

 

Para Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y periodista de opinión cuyas notas son publicadas por LA ARENA, el DNU 70 no tiene efecto jurídico pues se trata de “un acto nulo de nulidad absoluta e insanable, de imposible confirmación”, que afecta gravemente la división de poderes en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional. Por ello, no tiene efecto jurídico alguno, es un acto inexistente e incluso el Poder Judicial lo puede declarar integralmente nulo de oficio. Para él, en virtud de la vigencia de la ley 20.705, es imposible cerrar Télam sin la intervención del Congreso.

 

Otros gobiernos la han atacado, como Mauricio Macri con su ministro Hernán Lombardi, al disponer 354 despidos, luego revertidos por resoluciones judiciales.

 

La defensa de la agencia estatal de noticias, sus puestos de trabajo y sobre todo, su amplia labor informativa federal, es una batalla a librar por los sindicatos de prensa y también por los medios de comunicación comprometidos con la libertad de expresión y la defensa de las libertades democráticas.