Motosierra contra el pueblo, beneficios para el RIGI

El Presupuesto 2027 presentado en el Congreso ratifica el ajuste que impacta contra el pueblo trabajador. Al presidente Javier Milei, ahora en su viaje número 19 a EEUU, no le importa.

IRINA SANTESTEBAN

En la iniciativa de la “ley de leyes”, siguen los recortes en salud, educación, ciencia, obra pública, jubilaciones y discapacidad, mientras organismos estratégicos como el INTA, el INTI y el SENASA quedan al borde del desfinanciamiento.

Según el economista Hernán Letcher (CEPA), el proyecto contempla un recorte del 65 por ciento respecto de 2023 en el programa de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas y del 51 por ciento en el Hospital Laura Bonaparte; en detrimento a la Salud de la población.

Se achica también en un 80 por ciento los fondos para Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación y del 98% en Construcción de Rutas Seguras. Las rutas argentinas seguirán en el estado deplorable en el que están y no habrá nuevas. Además de la inseguridad que ello implica, por la cantidad de accidentes viales en nuestro país, aquí también se encuentra la explicación de la pérdida de miles de empleos en la Construcción.

En Educación desaparece el programa Conectar Igualdad y las Becas Progresar sufren una poda del 79 por ciento. En Vivienda y Urbanismo, la reducción llega al 98,9 por ciento. En contraste, para la ex SIDE y espionaje, el presupuesto aumenta un 45 por ciento.

ELIMINACIÓN.

El caso de los organismos científicos, tecnológicos y sanitarios resulta todavía más grave pues el proyecto elimina la asignación específica que financia al INTA, al INTI y al SENASA, disminuyendo sus recursos más de un 50 por ciento.

No son “organismos prescindibles”, sus trabajadores y directivos no son “ñoquis”, término peyorativo tan utilizado por Milei y sus seguidores. El INTA desarrolla investigación, asistencia técnica, semillas públicas y apoyo a pequeños y medianos productores. El INTI certifica la calidad de bienes industriales y controla instrumentos de medición fundamentales para la actividad económica. El SENASA garantiza controles sanitarios indispensables para la producción y las exportaciones argentinas.

El desfinanciamiento de estos organismos implica una reducción de las capacidades estatales que no se reconstruyen de un día para otro.

EL RIGI.

En el proyecto 2027 se mantiene estable el denominado gasto tributario, que pasa del 3,21 al 3,23 por ciento del PBI. Pero se advierte que no aparece incorporado el costo fiscal del régimen destinado a las grandes inversiones. A septiembre de 2026, considerando los 23 proyectos aprobados, Letcher y su equipo estimaron ese costo entre 2.888 y 3.175 millones de dólares anuales. Cuatro meses antes, con apenas 12 proyectos aprobados, la estimación era de 1.813 millones. Es decir, el costo fiscal creció entre 61 y 77 por ciento.

Traducido a pesos según el tipo de cambio promedio se trata de entre 5 y 5,6 billones de pesos anuales, monto que equivale casi a todo lo presupuestado para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral -6,094 billones de pesos - y es casi el doble de los 2,97 billones previstos para el refuerzo de las jubilaciones más bajas.

Esos beneficios impositivos para quienes adhieran al régimen de grandes inversiones, es dinero que el Estado dejará de recaudar. Mientras, a la pequeña y mediana industria le aplican el rigor tributario y a la población le aumentan tarifas de los servicios públicos.

JUBILADOS.

En materia previsional, el proyecto continúa el ajuste contra los ya magros haberes que perciben los adultos mayores. Para 2027 se proyectan 7,42 millones de perceptores de jubilaciones y pensiones, 105.106 menos que los previstos para 2026, y 1,28 millones de pensiones no contributivas, con una reducción de 7.132 beneficiarios. La cobertura total del sistema de Seguridad Social y Asignaciones Familiares descendería al 47,8% de la población, frente al 51,1% de los dos gobiernos anteriores.

Se proyecta un crecimiento del 4 por ciento para 2027, una inversión que aumentaría 9,2 por ciento y una inflación anual del 18 por ciento. Según el economista de CEPA esas previsiones son “exageradas”, porque la pauta para 2026 había sido del 5% y lo efectivo estaría más cerca del 2%.

ANDIS CON “FALTANTE”.

La Justicia confirmó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntas coimas y contrataciones direccionadas para la compra de medicamentos e insumos.

La Cámara Federal ratificó su procesamiento y de otras 18 personas, señalando que existen elementos independientes de los audios que dieron origen al escándalo, entre ellos documentación de las compras y análisis de dispositivos secuestrados en allanamientos. Este proceso se inició luego del escándalo de los audios de Spagnuolo, mencionando a Karina Milei como cobradora de “retornos”, luego bautizado como las “coimas del 3%”.

Las maniobras investigadas habrían ocasionado un perjuicio al Estado superior a 30.337 millones de pesos mediante direccionamiento de compras y sobreprecios. Un ejemplo incorporado a la investigación resulta significativo: un medicamento que había sido comprado mediante una compulsa abierta por 411.764 pesos llegó a adjudicarse por 8,3 millones de pesos en una contratación reducida.

La situación se agravó porque un informe de auditoría detectó un desfasaje de 158.717 millones de pesos entre registros internos de ANDIS, de compromisos de pago que no habrían atravesado los circuitos administrativos de control. La auditoría abarcó la gestión hasta agosto de 2025 y detectó diferencias entre la información de las áreas de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Y apenas un día después de conocerse ese dato renunció Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, por “razones personales”.

Todo muy turbio, justo cuando el Congreso debate la Emergencia en Discapacidad y mientras el Presupuesto 2027 vuelve a colocar al sector bajo presión. Incluso Patricia Bullrich, del riñón del gobierno, cuestionó que no hubiera sido informada sobre los recortes y los calificó de “error”. La disputa con Diego Santilli expuso una fractura interna que el Gobierno intentó cerrar en su Mesa Política.

El Presupuesto está a debate y habrá que ver qué ofrece el gobierno a los gobernadores “amigos” a cambio de los votos para su aprobación, en una pantomima de democracia parlamentaria, un “toma y daca” vergonzoso.

Este es el modelo que defiende Milei: la Motosierra para la ciencia, tecnología, salud, infraestructura, vivienda y protección social, y beneficios fiscales millonarios para grandes inversores. Muestra como un “éxito” el bendito superávit fiscal, pero omite mencionar quiénes están pagando el costo de esas políticas. El pueblo carga con el peso del ajuste, mientras las grandes empresas se benefician con exenciones impositivas, que al Estado le cuestan billones de pesos.