No son hoteles de cinco estrellas

Un reclamo de familiares de presos pampeanos detenidos en una cárcel de San Luis reabrió el debate sobre las condiciones que padecen los reclusos en las penitenciarías. Un conocido abogado de nuestro medio sumó su voz para ofrecer más información y un funcionario provincial expresó luego que, a partir de la protesta, se registraron algunas mejoras con lo que, sin decirlo, permitió saber que había razones que sustentaban aquella protesta.

Los detenidos oriundos de nuestra provincia están alojados en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, una unidad enclavada en medio de una extensa región desértica, alejada de todo centro poblado y en la cual, según la información oficial, coexisten los regímenes de máxima y media seguridad con el de máxima amplitud.

Aunque parezca redundante, cada vez que se aborda la problemática del sistema penal, viene bien recordar que la Constitución Nacional en su artículo 18 dice que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

En La Pampa esta cuestión no es novedosa. Hace varios lustros que las comisarías y alcaidías están saturadas de detenidos con condena, lo cual configura una seria irregularidad. Varios informes de jueces y defensores han alertado sobre las condiciones de hacinamiento que se sufren en esos lugares inadecuados para los confinamientos por largos períodos. Los convenios suscriptos con el Servicio Penitenciario Federal no han dado respuestas definitivas a pesar de que el Estado pampeano realizó inversiones en la Colonia Penal para ampliar el cupo de presos locales. Por tal motivo surgió el convenio con San Luis para derivar 40 reos al penal de esa provincia.

En los últimos días, los juicios sustanciados por dos crímenes horrendos que conmovieron, uno de ellos, a la sociedad pampeana, y el restante a todo el país, volvieron a poner sobre el tapete la cuestión del régimen carcelario. Una opinión pública bombardeada por una televisión poco apegada a los datos de la realidad y muy proclive al sensacionalismo, recibió andanadas de opiniones y versiones cargadas de prejuicios y muy proclives a confundir una sentencia judicial con un permiso para ejercer la venganza como una forma de tortura sin límite de tiempo. Ya el encierro por períodos extensos, medido en varias décadas, constituye un castigo suficiente como para demandar tormentos adicionales o tratos degradantes no tolerados por la Constitución ni por las leyes nacionales e internacionales. Por eso, el artículo antes citado de la ley suprema finaliza expresando que el “pretexto de la precaución” no puede usarse para mortificar a los detenidos.

La evolución de la sociedad ha permitido superar la “ley del Talión”, los tormentos y el castigo denigrante, en la convicción de que el Estado y su ley no pueden caer a la altura de las conductas de los individuos por más aberrantes que estas puedan ser. Así y todo todavía hay mucho por hacer pues en las cárceles argentinas hay hacinamiento, violencia y maltrato tanto a los presos como a sus familiares. No son hoteles de cinco estrellas como tantos trogloditas proclaman desde la televisión.