Otra provocación de Victoria Villarruel

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza dio un paso más en su cruzada negacionista de los crímenes del terrorismo de Estado, con el acto en la Legislatura porteña.

IRINA SANTESTEBAN

En Alemania, la negación del Holocausto y la exhibición de símbolos nazis, como esvásticas y cruces gamadas, es un delito tipificado en el Código Penal con penas de hasta cinco años de cárcel.

Ursula Haverbeck, de 94 años, destacada negacionista con fuerte influencia en círculos neonazis alemanes, niega la existencia del Holocausto y sostiene que Auschwitz "fue un campo de trabajo y no de exterminio”. En diciembre de 2022 fue condenada a un año de cárcel por “incitación a la xenofobia y negación del Holocausto”. Ya había tenido condenas anteriores, por su público apoyo a antiguos guardias nazis de campos de concentración, juzgados y condenados.

Intentos peligrosos.

En Argentina, donde el juzgamiento y condena de militares y (pocos) civiles por ser responsables de violaciones a los derechos humanos y genocidio durante la vigencia del terrorismo de Estado, ha sido reconocido como política de Estado y tuvo siempre un amplio consenso en la población, vemos hoy un peligroso avance de las teorías negacionistas. Una de sus principales impulsoras es Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta con chances de ser electa.

Cuando en mayo de 2017 se conoció el fallo Muiña, dictado por la Corte Suprema de Justicia, habilitando el beneficio del “2x1” a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, hubo una reacción masiva con grandes manifestaciones en repudio a esa decisión judicial. El 10 de mayo de ese año, una multitud colmó la Plaza de Mayo con marchas que se replicaron en todo el país. Ese mismo día el Congreso Nacional sancionó casi por unanimidad -solo el diputado salteño Alfredo Olmedo votó en contra - la ley 27.362 que descalificó la interpretación que habían hecho los cortesanos Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenktantz (con el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda). La norma estableció que el beneficio del cómputo de la pena conocido como “2x1”, no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional. Así el Congreso Nacional ratificaba las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Avanza el fascismo.

Aunque se vistan de “libertarios”, los integrantes de ese espacio político que resultara el más votado en las PASO, son genuinos herederos de aquellos represores, que no solo coartaron las libertades democráticas, sino que cometieron delitos aberrantes contra la población. Esos genocidas secuestraron y desaparecieron a 30.000 personas, en su mayoría jóvenes militantes, dirigentes sindicales, políticos, sociales y de derechos humanos. Los restos de esas víctimas se han ido encontrando gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense y son una prueba tangible de la magnitud del genocidio cometido, reconocido ese carácter en las sentencias de los juicios que comenzaron en 2006, luego de la anulación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) y los indultos de Carlos Menem, tan admirado por Javier Milei.

Como parte de su concepción negadora de esos crímenes, cuestionan el número de desapariciones (pero no el método de la desaparición forzada, considerado “delito de lesa humanidad” por la legislación internacional en Derechos Humanos).

Otra prueba de esos delitos es la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya llevan encontrados 133 nietos, de los 500 bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres, que fueron apropiados por los genocidas y criados con una identidad falsa. Ese hecho no pueden negarlo, por eso no lo mencionan en sus diatribas.

Retroceso.

Villarruel, hija y nieta de militares, es defensora de los genocidas desde hace años, y como tal formó parte de diferentes organizaciones que durante más de dos décadas se dedicaron a justificar los crímenes atroces que cometió la dictadura militar.

Sería injusto enfocar esta posición negacionista solo en la LLA. Otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Ricardo López Murphy, apoyaron el acto que la candidata a vice de Javier Milei realizó el pasado lunes en la Legislatura porteña. Y recordemos al ex presidente Mauricio Macri despotricar contra “el curro de los Derechos Humanos”. El diputado José Luis Espert, hoy asimilado a JxC, también es un conocido negacionista y defensor de la dictadura genocida.

Es un enorme retroceso para la devaluada democracia argentina, próxima a cumplir 40 años, que un acto de características antidemocráticas y pro dictadura, se haya realizado en un espacio institucional.

Reacción.

Aunque no con la masividad de seis años atrás, amplios sectores populares y democráticos, repudiaron ese acto. No hubo, en cambio, la misma reacción enérgica por parte del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández se pronunció en un escueto tuit, calificando a VV como “negacionista”, pero sin referirse al acto en la Legislatura. La vicepresidenta Cristina Fernández mantuvo el silencio en el que está sumida desde las PASO.

Si bien hubo condenas de dirigentes y espacios políticos, la presencia del oficialismo en la movilización frente al parlamento porteño fue escasa. Tampoco se pronunció la CGT massista, y sí lo hicieron las dos CTA, pero no hubo una convocatoria a salir a las calles, a pesar que los desaparecidos de extracción sindical fueron amplia mayoría entre los 30.000.

Organizaciones de izquierda y organismos de DDHH fueron quienes se manifestaron, aunque no pudieron hacerlo en las puertas de la Legislatura, porque la policía del jefe de gobierno Rodríguez Larreta había vallado el ingreso hasta una cuadra. De esta forma “protegía” la provocación de Villarruel.

Mentirosa, mentirosa.

La promotora del acto mintió en su intervención cuando expresó que “no apoyamos la dictadura ni reivindicamos el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”.

Sus antecedentes son contundentes: como parte de la agrupación Jóvenes por la Verdad y luego como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organizaba las visitas a los genocidas presos, entre ellos nada menos que al dictador Videla. Así demostraba su apoyo a los golpistas.