Sobre el origen de la violencia

El asesinato del joven mapuche Elías Garay dejó ver lo que se viene barriendo debajo de la alfombra desde hace mucho tiempo. Suele suceder que un hecho conmocionante actúe a la manera de un telón que se corre y permite ver el escenario completo en donde se desarrolla el drama que se desenvolvía en la oscuridad.

 

El antiguo problema de la posesión de la tierra sigue sin solucionarse. Los descendientes de los derrotados en la llamada Conquista del Desierto fueron arrinconados en los confines del extenso territorio nacional y negados sus derechos a lo más elemental: disponer de un lugar respetable en donde vivir en condiciones de dignidad.

 

En busca de una solución, el Congreso de la Nación sancionó en 2006 la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena otorgando un plazo de cuatro años para relevar a todas las comunidades originarias del país y garantizarles el derecho, como pueblos preexistentes, a vivir en sus propios territorios.

 

Por ejemplo, la destrucción del monte nativo con el avance de la sojización en el noroeste argentino trajo también la expulsión de comunidades aborígenes que habitaban desde siempre esos territorios. Es una tragedia social que no tiene la repercusión política y mediática que se merece. Si no hay reclamos y protestas en la vía pública que alteren la "vida normal de los argentinos", todo ocurre en silencio.

 

Las últimas movilizaciones en la Capital Federal en favor de prorrogar la vigencia de la Ley 26.160 suma a todos los pueblos originarios del país. No es solo un "reclamo mapuche" como dicen con inquina los grandes medios porteños.

 

Ante la demora en las soluciones, algunas comunidades vienen desarrollando protestas, tal como ocurre en la comarca cordillerana. En ese lugar, el gobierno de Río Negro es reacio a aplicar la ley y, además, se niega a instrumentar una "mesa de diálogo" como le vienen pidiendo la Universidad del Comahue, el obispado de Bariloche, el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, iglesias evangélicas, etcétera.

 

En Río Negro hay tierras para todo el que tenga dinero o influencias. Se otorgan concesiones de tierras fiscales a poderosas empresas que gozan también de ingentes beneficios impositivos y crediticios. Pero a las comunidades indígenas se las sigue tratando como enemigas. Río Negro es la provincia más atrasada en la puesta en práctica de la Ley 26.160.

 

Ahí está el inicio de la violencia y no en la protesta de los pueblos originarios, entre los cuales hay grupos minoritarios que promueven la acción directa, como los que atacaron a la pareja de pampeanos en la ruta 40 en cercanías de Bariloche.

 

Si no se hace un esfuerzo por entender el origen de este conflicto, se corre el riesgo de revictimizar a quienes ya fueron derrotados en el campo militar y ahora se quiere someter en el campo cultural. No hay más que ver lo que dice la derecha política y mediática para darse cuenta.

 

Y también están los muertos. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay no son representantes de las clases acomodadas de la región, que lucran con este estado de cosas, ni de la clase política que es funcional a los poderosos intereses económicos. Como se ve, la violencia también es asimétrica.