Un tremendo peligro

Cualquier observador neutral, argentino o foráneo, tiene sobrados motivos para dudar sobre el equilibrio mental o lo que ciertos niveles de la dirigencia política del país, y no los menores por cierto, entienden por solidaridad y gobierno honesto.

 

Un asombroso caso testigo es el de la ciudad santafesina de Rafaela, donde las autoridades municipales están a un paso de volver a autorizar las fumigaciones con agrotóxicos ¡a 200 metros de las zonas habitadas!, escuelas incluidas por supuesto. Pero semejante monstruosidad, aunque parezca increíble, es regresiva, ya que tiempo atrás ya había estado vigente. Es más: en 2021 hubo un intento de los mismos sectores, apañado por el mismo nivel político comunal de reducir las áreas no fumigadas a sólo 50 metros...

 

Más allá del pasmo y la indignación que pueda causar la noticia, un análisis objetivo apunta a dos componentes: el primero muestra la medida, que está a punto de ser sancionada nuevamente por el Concejo Deliberante de la ciudad, como un epítome del neoliberalismo, ya que solamente está motivada en lo económico y la obtención de ganancias. Lo asombroso es que no resulta de ninguna irregularidad ni capricho individual sino que obedece a peticiones formales de la sociedad rural, grandes productores y militantes del agronegocio de la zona.

 

El otro aspecto merecedor de un análisis serio es la mentalidad de los ediles, capaces no ya de sancionar sino de considerar una medida semejante, en la que hay latente un tremendo peligro colectivo. Cómo y por qué esas personas fueron elegidas representantes del pueblo sanrafaelino resulta imposible de comprender -en una consideración piadosa- al margen de la evidencia de una falta de conocimiento e insensibilidad monstruosa.

 

Un especialista en el tema, docente de la Universidad Nacional del Litoral, ha presentado al respecto un sólido informe científico que espanta. En principio destaca la increíble -y nunca atendida- crítica al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) "de medir la peligrosidad de un agroquímico utilizando la llamada dosis letal 50 (DL50)", que sólo mide el efecto agudo y qué dosis de plaguicida mata al 50 por ciento de animales de experimentación. Los organismos estatales de control no tienen en cuenta el efecto crónico: cómo afecta un agrotóxico a la salud en pequeñas dosis a mediano y largo plazo. "Las empresas de agroquímicos, y esa forma de producción, están experimentando con nosotros, con la población", se lamentan coincidentemente los vecinos.

 

El informe "confirma la presencia de glifosato en aguas superficiales, subterráneas e incluso en agua de lluvia en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Alerta por la presencia del herbicida en alimentos de consumo masivo (frutas y verduras) y denuncia la presencia del insecticida clorpirifós en cereales para niños. "Le estamos dando a bebés un neurotóxico muy potente en alimentos", alerta sugiriendo la existencia de una "ciencia empresaria, orientada solamente a defender los negocios".

 

Los vecinos de aquella ciudad santafesina promueven un colectivo público en defensa de la salud de la población, especialmente porque sigue latente la amenaza de que la ordenanza se concrete.

 

Y más: a este terrorífico estado de cosas -piénsese que esas fumigaciones apuntan directamente a la disminución de la capacidad física y mental de las generaciones futuras- se le agrega un detalle que destaca a un absurdo trágico: en la ciudad tiene su residencia el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Su especialidad es el derecho ambiental.