Una reclamada demanda

La noticia dada a conocer por el gobierno pampeano respecto a la presentación de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del río Atuel y contra la provincia de Mendoza, merece el aplauso de toda la ciudadanía provincial. Es la respuesta debida a la añeja e hipócrita postura de Mendoza de prolongar sine die la entrega, siquiera parcial, del agua que sustrajo a La Pampa casi ochenta años atrás. Es que la provincia cuyana, acorralada por los hechos, los estudios y la jurisprudencia, se abroqueló en una absurda postura que pretende imponer ante la contundencia de los hechos o por encima de cualquier razón, argumento o derecho: no dar agua.

Ante una situación de ese cariz, que últimamente incluyó una suerte de declaraciones falsas y burlonas para con el tema, solamente cabía –y cabe todavía, ampliada—una respuesta: hechos, que sin salir de la legalidad, duelan en lo político y también en lo económico. Este tipo de acciones era reclamado desde hace tiempo por entidades populares, conscientes de que no quedaba otra alternativa a un reclamo que, con una lejana raíz popular, fue creciendo a través de los sectores más variados: periodismo, Universidad, colegios profesionales, artistas y pobladores de aquellas áreas desertizadas… el pueblo todo y siempre con el demostrado argumento técnico que darle a La Pampa el agua que le corresponde no perjudicaría los oasis mendocinos.

La reacción mendocina ante un hecho que lleva el suceso a un nivel internacional (anteriormente se había hecho pero bajo formas particulares) es previsible y seguramente abundará en argumentos falaces y adjetivos picantes, pero bastará con recordar una sola cuetión: ¿cuántas autoridades cuyanas, a lo largo de 77 años han invocado hermandad y federalismo pero sin hacer absolutamente nada, ni siquiera dar aviso cuando el exceso de agua obligaba a reactivar el cauce? En apoyo de esa postura tan infame, causante de lo que posiblemente sea el mayor desastre ecológico ocurrido en el país, las autoridades mendocinas apelaron a falacias de todo tipo, llegando incluso a la absurda amenaza de escindirse del cuerpo de la Nación. Tal ha sido la actitud de los gobiernos, que no la del pueblo de la provincia donde en los últimos años hubo voces claras y honestas respecto al problema.

Así como los cuadros técnicos de la provincia llegaron a conformar una serie de pruebas y detalles hidrológicos, sólida e irrefutable, ahora ha sido un equipo técnico-legal que frente a aquella posición negativista de los cuyanos y el disimulo o la indiferencia del gobierno nacional, recurre a un organismo que seguramente avalará las razones de La Pampa. El doctor Gil Domínguez fue claro y concreto en su explicación: ”La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace un par de años, hizo una apertura a reconocer no solamente los derechos subjetivos en el plano de la protección internacional sino también derechos colectivos, económicos, sociales y culturales y entre ellos el derecho al ambiente”. Acorde con lo expresado, éste es el primer planteo ante la Comisión en cuanto a la protección ambiental.

Dentro de la problemática de los recursos hídricos, cuya esperanza renueva esta medida, hay sin embargo dos aspectos que no se pueden dejar de lado. El primero, que obró también como una suerte de motivador, es la actitud de la Corte Suprema de Justicia que, a cuatro años de un fallo que daba razón a nuestra provincia, cedió a las presiones mendocinas y la institución misma cayó en lo que podría considerarse ”una constante y sistemática violación por parte de la Corte Suprema de Justicia”.

El otro aspecto hace a la integralidad de la cuenca, un concepto que parece irse diluyendo. La aprobación por el Congreso Nacional al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones abre la puerta a la explotación extractivista y esa minería necesita imperiosamente de agua para la actividad. Mendoza la tiene pero ha demostrado sobradamente su desinterés por aprovecharla dentro de los términos del río Colorado. La experiencia demuestra lo conveniente que sería la prevención por parte de las demás provincias firmantes del pacto.