Una reunión por las reformas

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, analizó ayer con ministros y líderes partidarios la propuesta para plebiscitar una reforma política que enviará al Congreso y que, se anticipó, propondrá poner fin al financiamiento de las campañas con aportes empresarios, mientras que en Fortaleza se registraron nuevas manifestaciones violentas.
Rousseff anunció el último lunes que plebiscitaría una reforma política, urgida por atender y atenuar los reclamos ciudadanos que comenzaron el 10 de junio por los aumentos en el transporte y que, tras ser reprimidos por la policía en varias ciudades, se extendieron a todo el país y sumaron otras reivindicaciones postergadas.
La mandataria recibió ayer al titular de la cartera de Justicia, José Eduardo Cardozo, en quien deposita mucha confianza en la salida de la situación, informaron la estatal agencia ABVR y Ansa.
Cardozo debió entre el miércoles y ayer enmendar un error serio del gobierno, que el lunes anunció una consulta popular para reformar la Constitución, y el martes tuvo que archivar el proyecto ante cuestionamientos de jurisconsultos de renombre.

Plebiscito.
Tras el fracaso de aquella iniciativa, ahora Rousseff pretende enviar en breve al Congreso un proyecto para la realización de un plebiscito en el que se consultará a la opinión pública sobre los alcances de la reforma política, con lo que el Ejecutivo intenta descomprimir el descontento popular.
Esta nueva propuesta, elaborada sobre la hora, descarta definitivamente reformar la Carta Magna, y sólo se limita a una consulta para la sanción de una ley ordinaria que introduzca cambios en el modelo político, por ejemplo, suprimiendo el costeo privado de campañas.
"No puede haber financiación empresarial de campañas, porque de ese lugar nace la corrupción. Cualquier persona que vive la política sabe eso", dijo el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, durante un seminario.

Reclamos.
Carvalho reiteró que los pedidos de las manifestaciones involucran cuestiones de una mejor calidad institucional. "No están pidiendo empleo, como en España", afirmó el funcionarios, citado por la agencia Ansa.
"Las autoridades debemos escuchar lo que dicen las calles; sería preocupante si alguien se hace el sordo", advirtió Carvalho, amigo personal de Luiz Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) con peso ineludible en la coalición de gobierno.

Represión.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, fustigó ayer a la Policía por la forma en que reprimió las protestas, lo que potenció los reclamos, y cuestionó especialmente a la policía de Río de Janeiro, a la que advirtió que "no puede salir a matar".
Lo hizo al evaluar sobre todo una operación de la tropa de elite de la policía carioca en la favela Nova Holanda, en el complejo de Maré, zona norte de Río de Janeiro, donde murieron 10 personas, al menos tres de ellas ajenas a un supuesto tiroteo con narcotraficantes.
La operación en Río de Janeiro también provocó la muerte de un sargento de la tropa de elite y estuvo motivada en que supuestos habitantes de la favela Nova Holanda habían protagonizado un asalto masivo en la Avenida Brasil, uno de los principales accesos a la ciudad, luego de una manifestación de protesta contra la clase política.

Nuevos enfrentamientos.
En tanto, mientras el gobierno busca la forma de dar respuestas a los reclamos, manifestantes y policías volvieron a chocar violentamente en Fortaleza, donde ayer Italia y España jugaron la segunda semifinal de la Copa Confederaciones, torneo de fútbol que demandó gastos duramente cuestionados por la población.
Tras la experiencia de la semifinal del miércoles, en Minas Gerais, donde hubo enfrentamientos con la policía que terminaron con cinco manifestantes muertos, el último fallecido en la mañana de ayer, la policía de Fortaleza estableció un férreo cerco de seguridad a dos kilómetro del estadio Castelao.
Según los primeros reportes, los agresores, que lanzaron objetos contundentes a las fuerzas de seguridad, se apartaron de una columna de cerca de 5.000 manifestantes en las que había estudiantes y miembros del Movimiento Sin Tierra. (Télam)