Masacre en las favelas

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró “horrorizada” por el violento operativo de seguridad implementado en Río de Janeiro contra la organización criminal Comando Vermelho (CV), y reclamó al gobierno de Brasil una reforma integral y urgente de las fuerzas de seguridad. Los informes oficiales registraban ayer 136 personas muertas y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró alarma por la elevada letalidad del procedimiento y el impacto que estas acciones tienen sobre las comunidades más vulnerables.

 

“Durante décadas, la brutalidad policial en Brasil se ha naturalizado. Es necesario romper ese ciclo y alinear las operaciones de seguridad con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, advirtió.

 

Ayer a la mañana, los vecinos de Penha recuperaron más de 60 cadáveres, que se sumaron a los 64 fallecidos informados el martes. Los residentes bajaron los cuerpos hasta la plaza Saõ Lucas y los alinearon sobre la calle para que sus familiares pudieran identificarlos. Posteriormente llegaron vehículos de la morgue y los retiraron.

 

Los pobladores gritaban “¡asesinos, asesinos!” y al ser entrevistados por periodistas definieron el operativo como “una masacre”. “Hay personas ejecutadas, muchas con un tiro en la nuca, disparos por la espalda. Esto no puede ser considerado seguridad pública”, dijo el vecino Raúl Santiago a un canal de televisión.

 

La operación involucró a 2.500 efectivos policiales y se enfocó en dos grandes barriadas de favelas, Penha y Alemão, con la intención de frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, una poderosa organización criminal de Brasil. Los miembros del grupo respondieron al despliegue policial con intensos tiroteos y utilizaron drones para lanzar granadas sobre los policías.

 

Türk reconoció la complejidad de enfrentar organizaciones criminales armadas, pero advirtió que “la respuesta del Estado no puede violar derechos fundamentales” y recordó que toda acción policial debe estar regida por principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

 

Además, la mayoría de las víctimas de violencia institucional en Brasil son jóvenes negros de zonas empobrecidas, señaló. “La fuerza letal solo puede emplearse cuando resulte estrictamente necesaria para proteger vidas humanas o prevenir daños graves”, añadió. Naciones Unidas estima que unas 5.000 personas mueren cada año en Brasil por intervenciones policiales, revelando un patrón de violencia sistemática.

 

Escenario político.

 

La operación policial fue ordenada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, político conservador cercano a Jair Bolsonaro, según La Nación. En declaraciones públicas dijo que el operativo “fue un éxito” y aclaró que “las únicas víctimas fueron cuatro policías”. Ayer a la mañana, luego de reunirse con la cúpula de seguridad pública del estado y gobernadores aliados, afirmó que esta crisis de seguridad “es una lucha que trasciende el concepto de seguridad pública consagrado en la Constitución” y reiteró que “Río está solo en esta guerra”, en alusión a la falta de apoyo del gobierno federal. También alertó sobre eventuales represalias de los delincuentes.

 

Sin embargo, muchos sectores políticos y miembros del gobierno consideran que estas denuncias sobre falta de apoyo federal forman parte de su estrategia política para las elecciones del año que viene.

 

“Esta operación tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado, una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como ésta deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas”, añadió Castro.

 

Desde Brasilia, el primero en responder fue el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, quien advirtió que Río de Janeiro debería solicitar la intervención federal. “Si el gobernador considera que no tiene suficientes condiciones, debe tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado”, dijo.

 

Lewandowski aclaró que Río de Janeiro no presentó ninguna solicitud para esta operación y explicó que la estrategia para enfrentar la criminalidad debe basarse en inteligencia y coordinación institucional. Como ejemplo citó la Operación Carbono Oculto, realizada en septiembre, en Sao Paulo, contra la principal banda criminal brasileña: Primer Comando de la Capital (PCC). Entonces actuaron en conjunto la Policía Federal, Policía Militar, el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Ingresos Federales. “Nadie murió y la organización criminal fue derrotada. Así se combate el crimen organizado”, aseguró.

 

(NA, Página 12 y La Nación)