Clarín amenaza con sus jueces amigos

Luego de pisotear toda la legislación municipal vigente posteando ilegalmente la ciudad con un tendido de fibra óptica en las áreas donde no tenía permiso y sin presentar los documentos que prueben la titularidad de la empresa a la que alude como licenciataria, el multimedio Clarín hizo lo que mejor sabe hacer: amenazar al intendente con ir a la justicia que, no es un secreto, maneja a su antojo.

La historia de su desembarco en la ciudad es conocida: aliado al gremio telefónico cuyo secretario general es diputado provincial peronista y su adjunta e hija es la presidenta del Concejo Deliberante, pidieron permiso para recablear el área donde operaba la empresa española y ampliarla a toda la ciudad.

El pedido, advirtió el asesor legal municipal, adolecía de una falla de origen al no venir acompañado con la documentación que pruebe que los solicitantes eran en realidad los dueños de esa empresa.

Se sabe que la compra de Telefónica por parte del grupo Clarín ha sido suspendida por el gobierno nacional que advierte que, de concretarse, significaría en los hechos la monopolización del servicio en todo el país.

Para un medio que se quedó con la empresa Papel Prensa mientras sus legítimos dueños estaban siendo torturados por la dictadura, una ordenanza municipal de una pequeña capital de una pequeña provincia, no parece dificultad mayor. Se trata de un mero trámite. Si lograron una cautelar para dejar sin efecto la ley de Medios, aprobada por el Congreso por una abrumadora mayoría, cómo no la van a lograr contra una molesta ordenanza.

En su manual de atropellos, ante cualquier oposición a sus planes no hay ley, ni Constitución, ni ordenanza, ni derecho que se le oponga. Y si alguien osa hacerlo, acuden a los jueces amigos a los que agasaja con viajes a lagos apropiados por ingleses. Para que siempre estén dispuestos a una cautelar que los beneficie o un allanamiento a los que se les opongan.

En su afán de dominación social y económica, no los arredra ningún escrúpulo.

En la carta documento que se animaron a mandarle al intendente pese a estar en flagrancia contra la normativa vigente, no dudan en acudir al amparo de leyes que han pisoteado cuantas veces se les opuso.

En su descarada amenaza al intendente esgrimen el artículo 194 del Código Penal que pena a los que entorpezcan los servicios públicos. O sea, dicen que van a ir a sus jueces amigos para que condenen al intendente por eso, pasando por alto que el verdadero entorpecimiento lo realizan ellos al violar las ordenanzas municipales que regulan el espacio público y su ocupación.

Olvidan además, o pretenden que olvidemos, que en plena pandemia ellos se opusieron al decreto de Alberto Fernández que declaraba como servicios públicos esenciales a las telecomunicaciones y consiguieron de sus amigos jueces una cautelar para seguir cobrando lo que quisieron por esos “servicios” que, sostenían no eran públicos ni esenciales.

Nuestra cooperativa, en cambio, en aquéllos años donde la pandemia mostró lo mejor y lo peor de la sociedad, amplió el servicio, el ancho de banda y mantuvo los precios por debajo de lo que cobraban los que ahora vienen con precios de dumping a querer quebrar al movimiento solidario.