"Somos esclavos de la ley"
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, aclaró ayer que "no habrá un tercer evaluador de los activos" de Aerolíneas Argentinas y Austral, tal como lo pretende el grupo Marsans, dueño de las acciones, y reiteró que se respetará la decisión del Congreso.
El jueves a la noche la Comisión Bicameral que analiza la situación de las líneas aéreas aprobó la valuación negativa por 832 millones de dólares que efectuó el Tribunal de Tasación de la Nación, y rechazó el informe que presentó el grupo español que controla esas compañías.
La decisión del cuerpo se adoptó luego de una reunión que se llevó a cabo para escuchar al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien afirmó que "no hay ninguna duda" de que el precio de las acciones de Aerolíneas Argentinas es "cero".
Cuestionamientos.
El funcionario cuestionó el informe presentado por el Credit Suisse a pedido del grupo Marsans, al señalar que "carece de todo viso de seriedad".
Ese trabajo presentado otorgó a Aerolíneas Argentinas un valor de "entre cero y 60 millones de dólares", y a Austral de "entre 33 y 450 millones de dólares", con vistas a una operación de venta al Estado argentino, según indicó Jaime.
No obstante, Marsans reclama una tercera valuación para determinar el costo de los activos de las compañías, pero el ministro de Planificación insistió en que "el Congreso es quien tiene la última palabra".
"Somos esclavos de la ley" que así lo determina, enfatizó el ministro Julio De Vido en declaraciones a la prensa.
"Inconsistencias"
Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime rechazó enfáticamente las cifras presentadas por el grupo español y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones le dio el visto bueno.
Jaime enumeró varias "inconsistencias" en el manejo de Aerolíneas y Austral y respecto de la posibilidad de que el Estado contempla expropiar esas aerolíneas, dijo que "se cumplirá la ley", la cual determina que el Congreso debe fijar el precio que el Gobierno ofrecerá al Grupo Marsans, pero no quiso adelantar qué hará el Estado en caso de que los españoles no acepten.
Sobre la posibilidad de que Marsans haga una demanda ante tribunales internacionales, Jaime respondió: "nosotros tenemos muchas más denuncias que hacer", aunque aclaró que no lo decía "como amenaza". (NA)
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