Denuncia a los Moyano

El Gobierno denunció penalmente ayer al titular de la CGT, Hugo Moyano, a su hijo Pablo y a toda la cúpula del gremio de los camioneros por amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos a raíz de la afectación en la distribución de combustible en todo el país.
La denuncia firmada por el propio ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recayó ante el juzgado federal N° 9 a cargo de Sergio Torres, con la Procuración del Tesoro de la Nación como patrocinante.
Randazzo y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, ratificaron la denuncia en persona en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de lo cual Torres le dio intervención al fiscal Gerardo Di Massi, quien tiene previsto pronunciarse mañana sobre si impulsa o no una investigación penal.
Unas horas después, Moyano anunció el levantamiento de las medidas que impedían el abastecimiento de combustible, pero mantuvo un paro general de camioneros para el miércoles próximo.

Denuncia penal.
Por su parte,, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presentó una denuncia penal contra el titular Fadeeac, Luis Morales, a quien acusó por el artículo 194 del Código Penal, el cual prevé penas de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien interviene conjuntamente con el fiscal Ramiro González.
La denuncia contra Moyano abarca al "cuerpo directivo" de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, al considerar que el "conflicto colectivo, por su alcance nacional, ha impedido el normal desarrollo de los servicios de transporte con su natural implicancia negativa para el desenvolvimiento de la actividad económica general del país".

Conciliación obligatoria.
En su denuncia, el Gobierno recordó que desde el Ministerio de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria por un lapso de 15 días hábiles y que en función de ello se intimó a los manifestantes y a la cúpula gremial de no realizar ninguna medida de fuerza. (NA)