El 40 % de los jubilados saltea comidas para pagar el alquiler
En un contexto donde el plan de ajuste del Gobierno recae, un segmento de la sociedad viene sufriendo especialmente el impacto directo de las medidas de recorte del gasto, liberación desregulada de precios y desmantelamiento estatal: las y los adultos mayores, el grupo etario en el que más del 40% que alquila un techo apenas come una o dos veces por día, y 7 de cada 10 se vio obligado a recortar alimentos.
Según el artículo publicado por El Destape, la actividad laboral de mayores de 66 años creció 11% interanual debido a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones (-23% versus 2023) frente a una canasta básica del adulto mayor que superó los $1,8 millones y más que cuadruplicó el haber mínimo que reciben más de 5,0 millones de jubilados (apenas $ 450.000) y casi un millón de personas con discapacidad ($328.000). Esos valores incluyen el bono de $70.000 congelado desde 2024 y que, actualizado, debería ser de casi el triple ($190.000), según estimó la Defensoría de la Tercera Edad.
Comer o alquilar.
El artículo señala que, una generación que trabajó y aportó durante décadas hoy se ve empujada a elegir entre comer, medicarse o pagar un techo. Lejos de tratarse de un deterioro coyuntural, los datos muestran un proceso de empobrecimiento sostenido que obliga a prolongar la vida laboral, endeudarse para sobrevivir y depender cada vez más de redes familiares también debilitadas.
El costo social del programa económico en marcha queda en evidencia en las condiciones de vida de las personas mayores en el país que enfrentan un largo derrotero de informalidad laboral y precarización en la vida activa, que se traslada a la vejez: los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir una canasta básica que para jubilados se ubicó en abril en $ 1.824.682 (según estimó la Defensoría de la Tercera Edad CABA) cuatro veces más que un haber mínimo que -con un bono de $70.000 congelado desde 2024- alcanza los $ 450.319. De los más de 6 millones de jubilaciones y pensiones, aproximadamente el 64% recibe la jubilación mínima y con estos ingresos no llegan a cubrir una canasta básica, por lo tanto, son pobres.
Triple crisis.
El informe de la Defensoría señaló que “las personas mayores en Argentina sufren una triple crisis: alimentaria, sanitaria y habitacional”. Para proveerse su subsistencia, terminan trabajando hasta que su salud se lo permite, o pidiendo por subsidios, comida, medicamentos.
“Esta verdadera iatrogenia social lleva a que aquellos que trabajaron toda una vida, que aportaron al Estado argentino, que conformaron familias y educaron hijos, hoy se tengan que encontrar siendo explotados laboralmente”, alertó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
Al respecto, el Indicador de Desempleo Encubierto, desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG) amplió la medición tradicional del Indec, al incluir a personas con mínima o nula carga horaria que se encuentran en empleos altamente precarios y que buscan activamente trabajar más. Según esta nueva medición, el desempleo real asciende al 13,8%, más del doble de la tasa oficial (6,6%), con un impacto fuerte en jubilados.
Así como el trabajo desprotegido creció, sobre todo, entre los jubilados, el desempleo encubierto (desocupados o trabajadores que trabajan pocas horas en malas condiciones y buscan trabajo) tuvo un crecimiento marcado entre las personas de 66 años o más (+34,1% en un año).
Comidas.
En materia de acceso a la vivienda los resultados de la última Encuesta Nacional Inquilina expusieron una alarmante realidad: el 42,0% de las y los jubilados realiza solo 1 o 2 comidas por día. En un marco donde el 86% destina el 40% o más de su haber al alquiler, al menos 7 de cada 10 debió recortar alimentos.
En Argentina, hay 400.000 adultos mayores (en torno al 7% de la población adulta mayor total) que dependen de poder pagar un alquiler para tener un techo donde vivir. Esta cifra representa el doble que hace 20 años atrás. El fenómeno de la inquilinización en la tercera edad afecta directamente las necesidades habitacionales y económicas de este sector social: Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) los jubilados que cobran el haber mínimo deben gastar el 80% del mismo en alquiler un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.
Esto ocurre en un escenario donde, según los datos del relevamiento de Inquilinos Agrupados, el 17,2% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler ya que el 70% sufre aumentos cada 3 o 4 meses y los aumentos frecuentes hacen imposible sostener el pago.
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