El gobierno negocia con sus aliados, para tratar de sacar el Presupuesto 2027 en noviembre

La Libertad Avanza intensificará durante los próximos días las negociaciones con los bloques “dialoguistas” de la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo que le permita firmar el próximo miércoles el dictamen del Presupuesto 2027. El objetivo del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, en un escenario atravesado por los reclamos de la oposición y de los gobernadores por el financiamiento de distintas áreas.

El cronograma legislativo obliga al Gobierno a acelerar las conversaciones, debido a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja. Por eso, entre el lunes y el martes intentará cerrar consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo aseguran que las conversaciones avanzan favorablemente y consideran que están dadas las condiciones para firmar el despacho. Sin embargo, desde los bloques dialoguistas advierten que los tiempos son ajustados y señalan que la discusión está concentrada, principalmente, en las partidas destinadas a discapacidad y asignaciones sociales.

El esquema de trabajo contempla una última reunión informativa el martes a las 11, convocada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch. Todavía resta definir qué funcionario concurrirá a exponer ante los diputados. La discusión del dictamen está prevista para el miércoles a las 14.

Partidas en disputa.

Las negociaciones son encabezadas en Diputados por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y Benegas Lynch. Por parte del Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene contactos con los gobernadores de los espacios que podrían acompañar el proyecto. La principal condición del oficialismo es que cualquier modificación preserve las metas fiscales, especialmente el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit primario.

Uno de los puntos bajo discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos se destine a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.

El Gobierno, en cambio, sostiene que esos fondos deben atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

En materia de discapacidad, la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman derogar los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen modificaciones en la legislación vinculada con el sector. También exigen una recomposición de las partidas para garantizar las prestaciones.

Otro foco de conflicto es la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación. Los bloques dialoguistas pretenden mantener el mecanismo vigente.

Las universidades nacionales también forman parte de la discusión. El proyecto presupuestario contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones.

Reclamos de gobernadores.

Las negociaciones incluyen, además, las demandas de las provincias por recursos que consideran necesarios para sostener sus sistemas previsionales y atender las necesidades de infraestructura. Los mandatarios de las 13 provincias que cuentan con cajas jubilatorias propias reclaman que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con esos sistemas. A su vez, plantean la necesidad de obtener fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023.

Estos reclamos fueron planteados durante la reunión que los gobernadores mantuvieron el 16 de octubre con Santilli, en el marco de las conversaciones políticas para acercar posiciones con el Gobierno nacional.

La posibilidad de introducir modificaciones al proyecto dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse sin alterar las metas fiscales que defiende el oficialismo.

El desafío de reunir los votos.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 presentes para alcanzar el quórum e iniciar una sesión. Por eso, además de negociar cambios en el contenido del Presupuesto, deberá asegurarse el acompañamiento de sus aliados habituales y de los legisladores que responden a los gobernadores.

Los bloques más cercanos al Gobierno —PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen 24 legisladores. 

La estrategia oficial también apunta a sumar a los nueve diputados de Argentina Federal, vinculados con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Misiones, Hugo Passalacqua; los tres legisladores de Elijo Catamarca, alineados con Raúl Jalil, y los tres de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

A esos respaldos, el oficialismo espera agregar alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, espacio en el que confluyen legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, entre otras jurisdicciones, vinculados con gobernadores como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.

Las próximas horas serán decisivas para determinar si el Gobierno consigue acercar posiciones con los bloques dialoguistas y las provincias. El desafío será cerrar un acuerdo que permita avanzar con el dictamen y reunir una mayoría suficiente para llevar el Presupuesto 2027 al recinto, sin ceder en las metas fiscales que constituyen el eje de su política económica.