Kueider seguirá preso en Paraguay
La justicia de Paraguay decidió extender el arresto domiciliario para el ex senador Eduardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, hasta que finalice el proceso judicial en ese país. Además, dispuso que les coloquen una tobillera electrónica. Esta resolución judicial fue dictada luego de la extradición solicitada desde Argentina, en el marco de la causa que investiga posible lavado de activos.
La decisión fue adoptada ayer por el juez Rolando Duarte y la prisión se cumplirá en un domicilio de la calle 18 de Julio, identificado como “Dúplex B”, ubicado en el barrio San Vicente de Asunción, informó el sitio local ABC. Además, ambos imputados deberán utilizar un dispositivo electrónico, luego de una evaluación que realizará la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec).
Duarte convocó ayer a Kueider y Costa a una audiencia para notificarlos sobre el pedido de extradición cursado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a pedido de la fiscal adjunta Matilde Moreno. Durante esa audiencia, ambos rechazaron acceder al proceso de extradición abreviada, por lo cual permanecerán en Paraguay hasta que finalice el proceso local. Kueider y su secretaria permanecen detenidos bajo la acusación de lavado de activos, luego de intentar ingresar al país con 200.000 dólares sin declarar.
El pedido de extradición llegó a Paraguay en enero de 2025, pero el Ministerio Público Fiscal paraguayo solicitó que se complementara la información proporcionada por la justicia argentina, ya que existían cuestiones formales que debían respetarse según los tratados internacionales. Una vez subsanadas estas cuestiones, la Fiscalía General solicitó formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva de ambos imputados.
Causa Securitas.
La magistrada argentina está a cargo de una investigación enfocada en decenas de funcionarios y ex funcionarios acusados de haber recibido coimas de la empresa de seguridad privada Securitas, para facilitar y apoyar contrataciones públicas. Si bien Kueider no formó parte de la causa original, fue incorporado posteriormente ante la sospecha de que el origen de sus inversiones inmobiliarias podría ser el dinero de los cohechos que investiga la jueza.
Durante la audiencia de esta jornada, los defensores solicitaron una ampliación del arresto domiciliario, para lo cual ofrecieron un seguro de caución de 1.000 millones de guaraníes, entre ambos detenidos. El fiscal de Crimen Organizado, José Martín Morinigo, respondió favorablemente a la solicitud y por ello el juez resolvió la extensión del arresto domiciliario.
Desde que fueron detenidos en la frontera y hasta ayer, el ex senador y su secretaria se encontraban cumpliendo arresto domiciliario en Paraguay, donde la causa judicial contra ellos está caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas. La justicia paraguaya había programado las audiencias preliminares para los días 30 y 31 de julio.
La fiscalía paraguaya considera que Kueider y su secretaria habrían conformado una asociación o banda destinada a concretar, en reiteradas ocasiones, operaciones económicas y financieras con el objetivo final de blanquear dinero ilícito. Según el expediente que se tramita en Paraguay, Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos, sino que conformarían un grupo junto a otras personas, y además de las personas los investigadores pusieron el foco en dos empresas: Betail SA y Edekom SA.
Sin fueros
En una entrevista publicada por el diario La Nación, Kueider aseguró que no existen pruebas en la causa de Arroyo Salgado y cuestionó a la jueza. “Si Arroyo Salgado continúa con esta acusación, me permito dudar de que realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura debería estar recontra probado que no tengo nada que ver con la causa de Securitas”, advirtió.
Kueider fue expulsado del Senado por lo cual quedó sin fueros y, cuando la extradición finalmente se concrete también podría quedar detenido, en un penal o en prisión domiciliaria, cuando ingrese al país.
El ex senador cuestionó el proceso de desafuero que desarrolló la cámara alta y advirtió que sus pares no respetaron el derecho a la defensa ni le permitieron presentar pruebas. “El Senado no respetó mi derecho de defensa. Además, no cumplieron con el reglamento, ni me concedieron la oportunidad de presentar mi descargo y presentar prueba. Lo que hicieron fue tomar una decisión política demagógica”, afirmó.
(Ambito)
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