La familia Grillo se presentó como querellante en la causa

La familia de Pablo Grillo se presentó como querellante en la investigación judicial ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 y solicitó medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales sobre la represión que desplegó el Gobierno durante la marcha de las y los jubilados del 12 de marzo pasado.

El Destape informó que la defensa de la familia fue asumida por las abogadas Paula Litvachky y Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, respectivamente. “Señalamos la responsabilidad, por lo que tenemos hasta ahora, del cabo primero Guerrero, en lo que definimos como una tentativa de homicidio agravado”, dijo Cesaroni durante la conferencia de prensa que realizaron en la puerta del Hospital Ramos Mejía.

Medidas de prueba.

En el escrito de 22 páginas presentado en la mañana de ayer, la familia de Grillo -madre, padre y hermano- solicitaron medidas de prueba, determinar la responsabilidad de las autoridades políticas responsables jerárquicamente “de que una manifestación se lleve a cabo sin violencia por parte de las fuerzas de seguridad”. Además, señalan que “debe ser reforzado de investigar el ataque” contra Grillo, trabajador de prensa en contexto de protesta, a quien consideran “víctima de un delito de acción pública cometido presuntamente por un efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina, durante una protesta social en apoyo a las y los jubiladas, el 12 de marzo pasado”.

El medio citado recordó que aquel día Pablo -como en tantas otras ocasiones- estaba llevando a cabo una cobertura fotográfica de la movilización en defensa de las y los jubilados, acompañados por hinchas de fútbol, organizaciones políticas, sociales y sindicales. Antes de que llegara el horario de la convocatoria -a las 17- ya se habían empezado a registrar hechos de represión hasta que a las 17.18 el joven fotógrafo del barrio de Lanús recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, que lo dejó inconsciente en medio de la calle Hipólito Yrigoyen, en donde fue auxiliado por militantes hasta que llegó una ambulancia y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, en donde se encuentra hasta ahora.

Responsabilidades.

En la documentación presentada ante la Justicia, entre las responsabilidades a investigar, señalan a: la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; al director nacional de la Gendarmería Nacional (GNA), comandante general Claudio Miguel Brilloni; al jefe del Destacamento Móvil 6 de GNA, comandante mayor Héctor Ferreira; el jefe del comando región I de la Provincia de Buenos Aires, comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian, “y de todas otras aquellas personas que, en virtud de sus deberes y obligaciones funcionales, deban responder por estos hechos”.

Para ello, especificaron Litvatscky y Cesaroni, pidieron: las modulaciones de los equipos del personal que estaba participando del operativo, listado de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y municiones, así como los crudos de los canales de televisión y medios de comunicación y, sobre todo, conocer las órdenes que se le dio al personal que estaba en la calle para que actuara ese día.

En sus medidas de prueba, además, incluyeron la investigación independiente realizada por Mapa de la Policía, que permitió identificar a Guerrero como el autor del disparo. "El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", señalaron en un comunicado que difundieron al cabo de la conferencia de prensa, mientras que en la presentación apuntan a la injerencia que tiene en este caso el "uso de armas menos letales y su legalidad" -que habían sido prohibidas luego del asesinato del maestro Carlos Fuentealba-. (El Destape)