Suman proyectos a extraordinarias

El gobierno de Javier Milei presenta su segundo proyecto de ley que no especifica su impacto fiscal ni el origen de los fondos para su financiamiento.

En las últimas horas, con Patricia Bullrich a la cabeza, los libertarios reflotaron (y sumaron al período de extraordinarias) el nuevo Régimen Penal Juvenil. Pese a los pronunciamientos de la justicia y la insistencia por parte del Congreso, Javier Milei se niega a cumplir con la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2027.

Milei argumenta que la redacción de la iniciativa va a contramano de la Ley de Administración Financiera. Allí, palabras más, palabras menos, se establece que los proyectos deben especificar de dónde salen los fondos para su financiamiento. Y, de acuerdo a su mirada, el proyecto no lo contempla.

Ahora bien, el artículo 19 de la ley indica lo siguiente: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

Doble vara.

La negativa de Milei de cumplir con la ley sancionada y luego insistida por el Congreso es llamativa. Es que, en 2024, cuando el Gobierno impulsó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que en las últimas horas reflotó a raíz del asesinado del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, la redacción del artículo de financiamiento es casi idéntico a la de Emergencia en Discapacidad.

Basta con ir al artículo 52 del dictamen de comisión, firmado en mayo del año pasado en Diputados, para comprobarlo. “Asignación presupuestaria. Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio. Al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.

Es decir, igual que la Emergencia en Discapacidad, el texto impulsado por el Poder Ejecutivo y avalado por los diputados de LLA y aliados que integraron las 4 comisiones que abordaron el tema, deja en manos del jefe de Gabinete la reasignación de partidas presupuestarias. En este caso, para cumplir con la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Con el dictamen de la reforma laboral firmado en el Senado hacia finales de diciembre ocurrió algo similar a lo del Régimen Penal Juvenil. El texto, también impulsado por el Ejecutivo, no especifica su financiamiento, pese a que incluye, por caso, una serie de derogaciones y bajas impositivas. Y que, para colmo, en muchos casos tienen un impacto en las arcas provinciales, por tratarse de impuestos coparticipables.