Uatre denuncia a la intervención de Osprera por desalojos en hoteles sindicales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunció la “crueldad” del Gobierno nacional en la intervención de la obra social del gremio, Osprera, y repudió la orden de desalojo a 78 beneficiarios y sus familias alojados en hoteles de la organización en Buenos Aires por razones de salud.

La Uatre señaló que los afectados son afiliados que padecen enfermedades graves de alta complejidad, muchos de ellos cursando tratamientos oncológicos, que se encuentran lejos de sus hogares y en una situación de extrema vulnerabilidad.

El sindicato remarcó, en un comunicado de prensa que fue publicado por el sitio Mundo Gremial, que los hoteles les brindan, no solo alojamiento, sino también contención, alimentación completa con dietas especiales y acompañamiento integral. “La intervención de Osprera echa a pacientes graves de los hoteles de la Uatre”, indica el documento.

La entidad gremial que conduce José Voytenco resaltó el cierre intempestivo de una “boca de expendio” que funcionaba en los hoteles, donde psicólogos, trabajadores sociales y administrativos asistían a los beneficiarios en la gestión de sus prestaciones médicas. Ahora, los pacientes deberán trasladarse a la sede central de la obra social para realizar estos trámites, lo que implica mayores gastos y dificultades de traslado en la ciudad.

La Uatre enfatizó que, durante tres años, ha cubierto los gastos de alojamiento y asistencia debido al “abandono” de la Osprera, que rompió unilateralmente el convenio. Sin embargo, subrayó que la intervención actual, en lugar de asumir estos costos, busca desalojar a las familias y cerrar la boca de expendio para «arreglar convenios con otros hoteles, haciendo de la salud un negociado, afirma la organización en la denuncia.

El gremio aseguró a sus afiliados que pueden permanecer en los hoteles de la Uatre, donde continuarán recibiendo la misma asistencia y contención. Al mismo tiempo, denunció presiones y amenazas de la intervención para que los beneficiarios se trasladen a hoteles “en zonas y barrios inseguros” que no ofrecen las mismas condiciones de atención.

Además, calificó la maniobra como “perversa” y rechazó también el cierre de 725 puntos de atención en todo el país, con la intención de reemplazar la asistencia humana por plataformas digitales, lo que considera un desconocimiento de la realidad rural.

Finalmente, el gremio afirmó que defenderá los derechos de sus trabajadores en todas las instancias judiciales y sostuvo que la obra social “volverá a manos de sus verdaderos dueños: los trabajadores rurales”, aseguró el sindicato.