Denunciarán en la justicia al Consejo Superior Médico

Apuntan contra el Consejo Superior Médico por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario publico. La institución respaldó a la Asociación Pampeana de Anestesiología.
Los médicos Carolina Armagno, Leonardo Pellizzari y Alejandro Ariel Colombatto solicitarán al fiscal de turno que investigue la actuación del Consejo Superior Médico de La Pampa (CSM) ya que consideran que su accionar en torno al cierre de la residencia de anestesiología del Hospital Lucio Molas podría configurar los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, según afirmaron en un escrito enviado ayer a este diario.
Los profesionales vieron frustrada su especialización en anestesiología luego que la residencia que realizaban en esta capital se cerró abruptamente por falta de instructores. Los jóvenes médicos acusaron a los anestesiólogos que trabajan en Salud Pública de accionar a favor del cierre para cuidar su negocio y no permitir competencia.
Los aludidos, nucleados en la Asociación Pampeana de Anestesiología, les salieron al cruce cargando la responsabilidad al gobierno de Carlos Verna, al cual acusaron de abrir una residencia que no cumplía con los requisitos mínimos para ser validada.
Tales dichos fueron desmentidos por los ex funcionarios vernistas Sergio Ziliotto y Rubén Ojuez, quienes recordaron que las residencias fueron abiertas en varias provincias por iniciativa de Nación para paliar la falta de anestesiólogos. A su vez, ambos se sumaron a los dichos de los residentes respecto a la actitud corporativa de los profesionales del rubro, la cual -según dijeron- puso trabas a las residencias en todo el país.

Requisitos.
En medio del conflicto, Pelizzari, Armagno y Colombatto reclamaron la activa intervención del Consejo Superior Médico, al cual acusaron de estar ausente en un conflicto de suma importancia para la salud de la población. Pero la respuesta de la entidad llegó ayer en una nota dirigida a Armagno. Allí le recordaron que la posición del CSM había quedado clara en una reunión anterior, donde la entidad les informó a los residentes que la residencia que se dictaba en el Molas no contaba con los requisitos mínimos que debe tener toda especialización de post-grado.
"Los acontecimientos que siguieron nos han dado la razón. Entendemos y lamentamos su frustración, pero su situación y la de los demás firmantes (Colombato y Pelizzari), no es responsabilidad de este Consejo", plantearon los médicos Eduardo Ortiz, presidente del CSM, y Fernando Gazzera, vocal titular.
Para los residentes la respuesta de la institución deja en claro que perdió su razón de existir porque se olvidó de sus fines y objetivos y abandonó a la población a su suerte, "permitiendo que una residencia que no cuenta, a su criterio, con los requisitos mínimos de cualquier especialización, sea habilitada por Salud Pública y avalada por parte de sus matriculados".

Prácticas inseguras.
Resaltaron que la Ley 1194, que regula el funcionamiento del Consejo, establece entre sus funciones asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión médica incrementando su prestigio mediante el desempeño eficiente de los colegiados en resguardo de la salud de la población, y estimulando la armonía y solidaridad profesional.
"¿Cómo se atreven entonces a permitir que nazca una residencia que no cuenta con los requisitos mínimos que debe tener toda especialización? ¿Qué otro tipo de prácticas inseguras para la población han permitido o se han olvidado de denunciar como inseguras? En definitiva: ¿qué clase de resguardo llevan adelante si no se ocupan de informar al gobierno y a los ciudadanos las residencias riesgosas y peligrosas que se implementan? ¿Hace falta que la gente se muera para entonces sí reaccionar?", se preguntaron.
Para los residentes, existen dos posibilidades, o efectivamente el CSM no controla, o "como pensamos, están actuando corporativamente y se están escudando en su propia desidia para alentar el apresamiento de las autoridades públicas por parte de los anestesiólogos de la Asociación Pampeana". Ante esa situación afirmaron que la Justicia penal debería investigar los delitos citados arriba. "Así lo solicitaremos ante el señor fiscal de turno", concluyeron.