La mayoría de las provincias reclaman por los recortes

El superávit fiscal del que se jacta Javier Milei no es ningún éxito de su programa económico sino el resultado del brutal ajuste que aplicó sin anestesia desde que asumió. Las provincias fueron severamente afectadas y ahora reclaman por los recortes a los fondos coparticipables.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El lunes se reunieron gobernadores y vices del variopinto arco político argentino, en representación de 23 provincias incluida la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamaron una redistribución equitativa y no discrecional de los fondos coparticipables y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos fueron parte del ajuste que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza desde su asunción, y que tuvo sus consecuencias en los salarios, jubilaciones, presupuestos educativos y sanitarios, obra pública, políticas públicas de discapacidad, género, etc.

 

Iniciativa.

 

Como los reclamos individuales y en conjunto que han formulado no fueron escuchados, pues ni siquiera fueron recibidos por Milei ni el Jefe de Gabinete sino por dos funcionarios, los mandatarios provinciales anunciaron que van a presentar en el Congreso un proyecto de ley con dos ítems. Primero, eliminar los fondos fiduciarios que retiene Nación del impuesto a los combustibles, y coparticipar esa recaudación de manera directa. Y segundo, que los ATN se distribuyan según los porcentajes fijados por la ley de coparticipación (Ley 23.548); y exigir que al menos el 52 por ciento de lo que se recauda en concepto de impuesto a los combustibles quede en manos provinciales, acorde con el índice federal.

 

Según datos de la consultora Politikon Chaco publicados en la edición de ayer de La Voz del Interior, en 2024 el fondo de ATN, formado con el uno por ciento de la masa coparticipable de recaudación, alcanzó a 680.000 millones de pesos. De eso solo fueron distribuidos 49.800 millones, quedando un remanente de 630.000 millones. Y en lo que va de 2025, el fondo de ATN tiene acumulados 365.809 millones de pesos, de los cuales se distribuyeron 80.500 millones, quedando 285.309 millones para otorgar. Casi un billón de pesos sin distribuir a las provincias.

 

En relación al impuesto a los combustibles líquidos –que es el que aporta a la masa coparticipable- se estima que ya recaudó 1,5 billón de pesos, de los cuales poco más de 500.000 millones se imputan a los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, creados en 2001.

 

Esos fondos fiduciarios son los que se eliminan en el proyecto de ley con el argumento, real, de que el gobierno nacional paralizó toda la obra pública (infraestructura vial e hídrica), por lo que no se justifican esas asignaciones.

 

Cortar todos los recursos para la obra pública ha traído una peligrosa consecuencia, que vienen denunciando los mandatarios provinciales: el estado calamitoso de las rutas en un país donde otro presidente admirado por Milei -Carlos Menem - se encargó de desguazar casi toda la red ferroviaria de pasajeros (la de cargas fue para sus amigos empresarios).

 

Respuesta.

 

Guillermo Francos estuvo el lunes en Córdoba y disertó en la sede de la Fundación Mediterránea, el núcleo “de ideas” del empresariado local, del cual surgió hace cuatro décadas el ex ministro menemista y delarruista Domingo Cavallo.

 

Subestimó la reunión de gobernadores y contraatacó diciendo que son ellos quienes deben “hacer el ajuste” en sus provincias.

 

Ayer recibió en la Casa Rosada a representantes de diversos sectores, afines al modelo libertario. A esa reunión se le llamó pomposamente “Consejo de Mayo”, con miembros que representan al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al empresariado y al sindicalismo. El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

 

Un Consejo a la medida de Milei para hacer cumplir los puntos del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de Julio de 2024. Y todo ello con la evidente intención de atraer a algunos de los que sentaron el lunes en la reunión de gobernadores.

 

Este “Consejo de Mayo” quiere avanzar en las reformas impositiva, previsional y laboral, y comenzar por esta última. O sea, más ataques a las conquistas laborales, además de las que ya están padeciendo los trabajadores con los bajos salarios, los despidos en el sector público y en el privado, los recortes en salud y educación, restringir el derecho de huelga, etc.

 

Ajuste en números.

 

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal primario de 1,7 billón de pesos, con un resultado financiero de 700.000 millones, luego del pago de intereses de deuda por un billón de pesos.

 

A contramano de lo que proclama el presidente y sus repetidores periodísticos, se registró una caída de ingresos totales de 11,4 billones de pesos, una caída interanual del 13,9 por ciento, con una fuerte reducción en las exportaciones (7,4 por ciento). También hubo reducción del IVA lo que evidencia una baja de la actividad económica durante abril y mayo, interrumpiendo la recuperación que se vio hasta marzo, y que tanto alegró al gobierno seudo libertario.

 

En cuanto a las jubilaciones, si bien aumentaron un 16 por ciento interanual, están por debajo de mayo de 2023, consolidando el ajuste sobre los haberes previsionales. El bono de 70.000 pesos permanece congelado desde marzo de 2024; si se ajustara al ritmo de los haberes, debería superar los 154.000 pesos, más del doble.

 

Las partidas más ajustadas están en el rubro “Otros programas” y en subsidios económicos, donde se concentran políticas sociales como Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar. La “Motosierra” contra los más humildes!

 

Hasta dónde llegará la ofensiva de los gobernadores es difícil predecir, sobre todo por la facilidad con que algunos de estos mandatarios se “dieron vuelta” a la hora de votar leyes en el Congreso, que favorecían los planes de ajuste de Milei por sobre los derechos de sectores postergados.

 

En un año electoral, el veto presidencial que ya se ha anunciado a la iniciativa de las provincias, tendrá su costo. Y se suman otras leyes como la del aumento a los jubilados y el rechazo al recorte en discapacidad.

 

La disputa se dará en el Congreso, en las urnas, pero sobre todo en las calles, el lugar que más temen los gobiernos ajustadores. Por eso recrudecen los “protocolos” represivos, las vallas, los pertrechos, los gases, los carros hidrantes, la reforma a la Policía Federal onda FBI y toda la parafernalia que despliegan en las movilizaciones. Para eso sí “hay plata”.