Naval pidió el retiro voluntario

El Poder Ejecutivo Provincial aceptó la renuncia de Rubén Angel Naval, un ex relator del Tribunal de Cuentas de la provincia que estuvo involucrado en dos de las varias causas judiciales que desencadenaron las irregularidades en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. En las dos causas Naval fue absuelto -aunque en una de ellas se lo condenó por una figura de menor jerarquía-; sin embargo, está sin resolverse un sumario administrativo que se encuentra en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La renuncia de "Chicho" Naval se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del 1 de abril, subido hace unos días a la página oficial del gobierno pampeano. El decreto 302/2011 dice que se toma como fecha de renuncia el 23 de noviembre de 2010, pero que está condicionada a "a las resultas del sumario administrativo iniciado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas". Según el decreto, Naval pidió su "retiro voluntario" en el marco de la ley 2341 para las horas cátedra que tenía en dos colegios secundarios de la ciudad en las materias Tecnología de Gestión y en Gestión de las Organizaciones.
En el año 2004, Naval estuvo un mes y medio en prisión por un hecho que derivó en su procesamiento por "sustracción de documento público". Ocurrió cuando una tarde ingresó a su antigua oficina en el Tribunal de Cuentas y retiró cajas de documentos relacionados con el trabajo que en su condición de relator fiscal realizaba en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. Para el día en que volvió a su oficina, Naval ya se había alejado el Tribunal de Cuentas porque había sido nombrado en la recientemente creada Fiscalía de Investigación Administrativas. A raíz de este hecho y de su procesamiento en la causa conocida como "hermana menor" del IPAV, Naval nunca llegó a asumir el cargo que lo estaba esperando.
En defensa de su actuación, Naval argumentó que nunca quiso sustraer ni destruir documentos públicos sino proveerse de los borradores que habían quedado en su oficina sobre el "control previo" que realizaba en el IPAV. En esa época, los desmanejos en la administración del Instituto eran un escándalo que crecía cada día y Naval apareció en el centro de la tormenta porque era el encargado del "control previo" en el Instituto de Vivienda. La investigación de la jueza Verónica Fantini reveló que el IPAV le pagaba 400 pesos mensuales por esa tarea, en evidente conflicto con su responsabilidad como empleado del Tribunal de Cuentas. Fantini lo procesó por "cohecho", lo que equivale a decir que cobraba un "coima" de parte de las autoridades del IPAV.
Las dos causas -sustracción y cohecho- se unificaron con el expediente de los desvíos de fondo en el IPAV. Al cabo del juicio oral y público Naval logró salir absuelto de las dos acusaciones. En la primera -la sustracción de documentos-, la absolución fue inmediata. En la segunda, la Cámara en lo Criminal 1 lo absolvió por el cohecho pero lo condenó a un año de prisión en suspenso por una figura más leve: recibir dádivas.

Destitución.
La investigación de Fantini y el papel de Naval en el Instituto de Vivienda dieron pie a una causa colateral que aunque tardó en arrancar, cuando lo hizo generó un cimbronazo político en la provincia. Fue la investigación que terminó con el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Perés, destituido del cargo por la falta de controles serios en el IPAV, un escándalo que también arrastró al vocal Rubén Rivero.
El planteo fue que si Naval hacía el "control previo", alguien debía hacer el control posterior y definitivo de las cuentas del IPAV. Cuando la Justicia quiso saber quién lo hacía, encontró que el sistema de contralor que había implementado Perés era sólo formal y tan precario que permitía irregularidades administrativas tan graves como las que se develaron en esas causas.
Un par de años después, un jurado de enjuiciamiento destituyó Perés y Rivero por no haber cumplido con su responsabilidad constitucional y legal de velar por los intereses del Estado.
En cuanto a Naval, tras frustrarse su desembarco en el FIA, volvió al ámbito de la Administración Pública en una oficina del Ministerio de Bienestar Social y a la actividad docente de la que ahora se está jubilando.