Avanza la demanda por el Atuel en la Corte

La demanda ambiental iniciada por un abogado pampeano contra Mendoza por las consecuencias que provoca en La Pampa el corte del río tuvo un importante movimiento, al pasar por cinco jueces hasta el momento. Solamente falta la vista de dos ministros.
Cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya analizaron el expediente iniciado a partir de la demanda presentada por el abogado Miguel Palazzani contra la provincia de Mendoza por el daño ambiental generado a La Pampa como consecuencia del corte del cauce del río Atuel. La causa estuvo parada durante dos años, y comenzó a moverse en los primeros días de septiembre.
De esta forma, el expediente podría ser analizando antes de fin de año por todos los magistrados, sobre todo si se tiene en cuenta que solamente dos ministros son los que restan analizar la causa. Y más aún, si se considera que apenas en el plazo de un mes cinco jueces le dieron vista a la documentación. El primero en considerar el expediente fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el pasado 6 de septiembre.
El ministro Lorenzetti analizó durante 21 días la causa, que luego de ese tiempo pasó a las manos del Enrique Petracchi por tres días. El 30 de septiembre, el expediente fue tomado por Carlos Fayt mientras que el 2 de octubre entró en el despacho de Elena Highton de Nolasco y un día más tarde al de Juan Carlos Maqueda, donde todavía permanece. Ahora, solamente resta que los jueces Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay observen la documentación.

El gobierno, otro juicio.
El gobierno provincial también decidió avanzar con una demanda contra Mendoza por las consecuencias generadas en el oeste pampeano por el corte del río Atuel, declarado como "interprovincial" en el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia a raíz de otra demanda de La Pampa contra la provincia cuyana. Allí, también se exhortó a las partes a celebrar convenios para una participación razonable en los usos futuros de las aguas, dejando en claro el imperfecto y deficiente uso de la red de riego del estado arribeño.
La decisión del gobernador Oscar Jorge surgió a partir de la inacción del gobierno cuyano frente al convenio firmado con La Pampa en 2008, que establecía que Mendoza debía realizar obras y entregar un caudal mínimo fluvioecológico del río Atuel para que escurra por tierra pampeana, lo que por el momento no ocurre y genera el reclamo de distintos sectores políticos y sociales de esta provincia.
Palazzani, por su lado, presentó la demanda en 2010 y en abril de 2011 la trató la Procuración General de la Nación que dio su dictamen favorable para que la Corte empiece a analizar una nueva demanda de La Pampa, en este caso de un ciudadano, por el daño ambiental que Mendoza está produciendo por el uso unilateral y abusivo de las aguas del río Atuel.
El letrado le solicitó a los ministros del máximo tribunal que dispusieran el "cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del río Atuel Inferior" y que obligue al gobierno mendocino a adoptar "las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)".