Caso Corredera: dos imputados quedarán presos

José María Jamad (h) y Carlos Daniel Flores, dos de los jóvenes detenidos como sospechosos del asalto a Ilda Susana Palacios de Corredera (67), ocurrido el lunes a la madrugada cuando la mujer estaba sola en su casa de Barrio Fitte, quedarán detenidos preventivamente un mes, hasta el 30 de noviembre.
La resolución fue adoptada ayer por la jueza de control, María Mónica Graciela Rivero, durante una audiencia de formalización realizada al mediodía en la Ciudad Judicial, y fue en respuesta a un pedido del fiscal Mauricio Piombi. Como contrapartida, rechazó la solicitud del defensor Gastón Gómez de que los arrestos sean domiciliarios, tal como lo había dispuesto el miércoles con la tercera imputada, Fanny Erica Martín.
Piombi le imputó a Jamad, de 27 años, y Flores los delitos de robo calificado en poblado y en banda y privación ilegítima de la libertad, teniendo en cuenta que -de acuerdo a su versión- ingresaron a la vivienda por la claraboya del baño, junto a un tercer hombre, y agredieron a la víctima a puñetazos, la dejaron atada y "la amenazaron, después de rociarla con alcohol, con que algo grave le iba a pasar si no les daba dinero". También le advirtieron, remarcó el fiscal, de que ya "habían hecho lo mismo con dos ancianos" (¿por el matrimonio Epifanio, asesinado el 11 de julio?).
Después escaparon en la camioneta EcoSport de Corredera -que abandonaron en Villa Parque- con 2.000 euros, 2.000 pesos, cuatro televisores LCD, ropa, un reloj familiar, anillos y electrodomésticos.

 

Reconocimiento y ADN.
La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva por 30 días en que Jamad y Flores podrían entorpecer la investigación, atento a que todavía hay un prófugo, no se recuperó todo el botín y restan recolectar pruebas. Además por el grado de "agresión que mostraron contra la mujer". Inclusive Piombi no se privó de enviar un mensaje: "Parte de lo robado fue a manos de terceras personas para que lo oculten. Eso es encubrimiento gravoso".
El fiscal requirió, y Rivero aceptó, que se efectúe una ronda de reconocimiento con ambos imputados y con Martín, aunque recién se concretaría la semana próxima, una vez que la víctima reciba el alta médica y esté en condiciones emocionales para afrontar el trámite.
Paralelamente anticipó que solicitará la apertura de varios celulares -para efectuar un entrecruzamiento de llamadas- y la extracción de sangre a los sospechosos para realizar pruebas de ADN y ver si hallan huellas genéticas en joyas, dinero, botellas y otros objetos.

 

"Que haya un trato justo".
Gómez, a su turno, y basándose en información pública, debido a que el martes no participó de la audiencia en la que Martín fue imputada del robo agravado, en calidad de partícipe secundaria, pidió un trato igualitario para Jamad y Flores. "Hubo un agravamiento para con mis defendidos ya que se les incluyó la privación ilegítima. Esto es un trato injusto, violatorio de los derechos de defensa y de igualdad", indicó. Ocurre que si de por sí el robo en poblado y en banda es sancionado severamente (de cinco a quince años de prisión), la privación ilegal agravaría una eventual pena ya que prevé de dos a seis años de cárcel.
"Simplemente solicito un plano de igualdad porque las circunstancias (del hecho) son iguales para todos. Si existe posibilidad de entorpecimiento y a Martín le dieron 30 días de arresto domiciliario, a Jamad y Flores le correspondería lo mismo -insistió la defensa-. Hasta podría haber una vigilancia mayor para evitar contactos y comunicaciones. Pero no debe haber diferencias por una cuestión de sexo".

 

Circunstancias diferentes.
Rivero no tuvo en cuenta nada de lo expresado por Gómez y, por el contrario, avaló el planteo de Piombi de que si los imputados quedasen libres podrían obstaculizar la pesquisa teniendo en cuenta el prófugo, la necesidad de extraerles sangre, la ronda de reconocimiento y que aún faltan recuperar objetos sustraídos.
Es más, le dijo al defensor que el fiscal fue benévolo con la calificación de las conductas penales -que en esta etapa preliminar son apriorísticas- porque bien podría haberles imputado que el robo fue con escalamiento.
"No entiendo los fundamentos de la defensa -sostuvo la jueza-. La igualdad es ante la ley, pero las circunstancias fácticas y la participación de cada uno de los imputados pueden ser diferentes. De hecho, la circunstancia de que Martín esté amamantando a una beba (NdeR: un dato que influyó para que obtenga el beneficio del arresto domiciliario), no se da en Jamad y Flores".
La mujer, trascendió, habría sido el "señuelo" de los ladrones para poder ingresar al domicilio de Corredera por la puerta, aunque ella no habría terminado de cumplir con su parte y por eso entraron por el tragaluz del baño.

 

Denuncia por apremios
El abogado Gastón Gómez informó que radicó una denuncia en la Justicia porque presuntamente su defendido Jamad fue golpeado por personal de la Brigada de Investigaciones, y detalló que tiene marcas en la espalda. El joven fue detenido el martes y permanece alojado en la Seccional Segunda. Ayer al imputado se lo pudo ver en la audiencia de formalización con el pómulo derecho enrojecido e inflamado. Durante ese trámite no se hizo ninguna mención al tema.

 

El límite de las fotos
El miércoles, durante la audiencia de formalización de Martín, la jueza Rivero dio curso a un pedido conjunto de la fiscalía y la defensa para que no le sacaran fotos a la imputada porque aún debe pasar por una rueda de reconocimiento, aduciendo que si su rostro se hiciera público esa prueba podría ser impugnada. También pidió, de manera informal, que no se publicara el domicilio en el que cumple el arresto domiciliario, algo que la prensa aceptó.
Ayer ocurrió lo mismo. El fiscal Piombi solicitó que no se tomaran imágenes de Jamad y Flores bajo el argumento de que el defensor Gómez -"uno de los mejores penalistas de la ciudad", según su calificación- pediría la nulidad de la ronda de reconocimiento en la que participarán en los próximos días.
Ante ello, los periodistas le plantearon en la audiencia a Rivero, que aceptó escucharlos, que éstas son orales y públicas y que admitir que no se tomen imágenes abrirá un antecedente para que, en el futuro, cualquier fiscal o defensor pida esa prohibición con el argumento de que en algún momento del proceso -a los dos o tres meses- quizá requiera como medida de prueba una rueda de reconocimiento.
Lo ocurrido, más allá de que en el Poder Judicial se interprete que no coarta ningún derecho, marca al menos un dudoso límite a la información pública. Más aún porque va en contra de lo que establece el Código Procesal Penal -que no fija excepciones a que las audiencias de formalización sean orales y públicas, salvo que haya menores involucrados- y del espíritu de esa norma.

 

Una detenida y hubo más allanamientos
La Brigada de Investigaciones y el fiscal Mauricio Piombi siguieron buscando ayer intensamente al tercer sospechoso de haber asaltado a Ilda Palacios de Corredera, el lunes a la madrugada, y los objetos robados que todavía no se pudieron recuperar. Para ello dispusieron tres allanamientos, aunque ninguno de ellos dio los resultados esperados. Uno de los procedimientos se efectuó en la calle Molas, en Villa Alonso Norte.
Además se detuvo a una mujer que había sido señalada como encubridora, aunque ayer mismo fue liberada pocas horas más tarde, indicaron fuentes confiables. Ocurre que Piombi -y así lo advirtió en la audiencia de formalización- está detrás de quienes ocultan el dinero, las joyas y los cuatro televisores que fueron sustraídos de la vivienda de la calle Perú. En ese sentido también le apuntan a quienes eventualmente podrían ofrecer esos objetos.
Con los allanamientos dispuestos en la víspera, la Brigada efectuó catorce en apenas 72 horas. En los del martes detuvo a tres personas -dos hombres jóvenes y una mujer- que ya fueron formalmente imputados por el atraco y los del miércoles fueron uno en el barrio Aeropuerto y dos en el Plan 3000, aunque no hallaron lo que fueron a buscar.

 

La frase de una defensora
La defensora oficial María Silvina Blanco Gómez dijo ayer que la frase textual que pronunció el miércoles, durante su alegato en el juicio por el crimen de Julio Lucas Montiel, y aludiendo al carácter conflictivo de la víctima, fue la siguiente: "No lo hacía merecedor de su muerte, pero sí provocador de ella". Este diario publicó que había expresado que "no sé fue si merecedor, pero sí provocador de su muerte".
Blanco Gómez representa a Matías Ezequiel Gálvez, quien fue acusado por la fiscalía de homicidio agravado por uso de arma y portación ilegal. Por eso la fiscal María Cecilia Martiní solicitó que sea condenado a 16 años de prisión y que esa pena se unifique con una condena anterior, de 2011, por robo con armas.
La defensa, en cambio, adujo que actuó bajo emoción violenta, una figura que prevé de uno a seis años de prisión, y subsidiariamente requirió que sea condenado por homicidio simple y reciba ocho años de cárcel. El crimen ocurrió el 8 de enero pasado en Villa Germinal y el Tribunal de Audiencia leerá el fallo el próximo miércoles al mediodía.