Un dictamen por los «escraches»

Dos fiscales presentaron un dictamen ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en el que sostuvieron que eliminar por orden judicial una publicación en Facebook, en la que se denunciaba un abuso sexual, podría «comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino». Según argumentaron, «la exposición pública de actos que podrían constituir, al mismo tiempo, violencia contra niños, niñas y adolescentes y violencia de género se encuadran dentro de los discursos especialmente protegidos».
El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quienes señalaron que corresponde revocar una medida cautelar que ordenaba a Facebook y Google Argentina eliminar un posteo de esa red social, el cual señalaba a un hombre como el abusador de una adolescente, y los enlaces que el buscador arroja como resultados al respecto.
Todo se inició a raíz de la presentación de una acción de habeas data (Ley 25.326) por parte de un hombre ante una serie de posteos en redes sociales que lo señalaban como autor de un abuso sexual. En octubre de 2019 el Juzgado Federal de Santa Rosa dictó la medida, aunque fue apelada por ambas compañías.
Azzolin y Labozzetta repasaron en su dictamen que el juez interviniente hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a Facebook y Google el bloqueo provisorio de las publicaciones cuestionadas. Esto fue luego de que el abogado del hombre sostuvo en el amparo que el 7 de junio de 2018 el usuario «No nos calmamos una mierda» publicó en un posteo según el cual, entre el 2006 y 2007, su representado abusó de una mujer que por entonces no había cumplido los 15 años de edad.
En esa presentación, recordó el MPF, se consideró que la publicación fue replicada por otras cuentas de la red social. No obstante, fue denunciada ante Facebook y su contenido, eliminado. Sin embargo, luego de aquél episodio el usuario hizo «una nueva publicación tras la supresión del posteo original». El denunciante asoció esa publicación a que posteriormente hubo un «escrache» en su lugar de trabajo y que fue despedido por esa situación.

Dos publicaciones.
Para dictaminar a favor de revocar la medida cautelar, los fiscales explicaron que -de acuerdo a la demanda- la primera publicación por la que el hombre se agravió ya fue eliminada por Facebook. De esta manera, lo que se pretende eliminar ahora es una publicación posterior realizada por el mismo usuario en la que critica la decisión de la red social de eliminar el posteo previo, cuyo contenido, para la fiscalía, no describe la acusación «ni en el texto ni en las imágenes acompañadas e invita a las víctimas de violencia de género a comunicarse en forma privada». Es decir que no replica la denuncia primigenia, pero menciona al hombre y se lo indica como responsable de «abuso, acoso y violencia».
Los fiscales resaltaron que «ambas publicaciones no deben confundirse y la conexión directa entre esta última publicación y los hechos posteriores a los que se refiere tampoco parece clara, más allá de las afirmaciones del accionante».

Discursos protegidos.
Los fiscales aclararon que si se considerara que la última publicación es similar a la previa, «la verosimilitud en el derecho es por lo menos dudosa al encontrarse en juego el derecho a la libertad de expresión, plenamente aplicable a internet».
En esa línea, consideraron que «la exposición pública de actos que podrían constituir, al mismo tiempo, violencia contra niños, niñas y adolescentes y violencia de género se encuadran dentro de los discursos especialmente protegidos y, por ende, no resultan susceptibles de restricción».
Azzolin y Labozzetta recordaron que el Estado argentino está obligado por convenciones y tratados internacionales de derechos humanos -que tienen jerarquía constitucional- que lo comprometen frente a la comunidad internacional en materia de derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNyA) y personas Lgbtiq+. Es por ello que la Argentina «tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, que incluye las violencias sexuales, con una debida diligencia reforzada».

Un canal de expresión.
Por otro lado, los fiscales citaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se alerta que en los países de la región «la ruta que lleva a denunciar la violencia sexual es difícil y muy revictimizante». El trabajo citado detalla también que «cuando las víctimas acuden a las instancias estatales de denuncia -policías o fiscalías principalmente- se encuentran, generalmente, con un ambiente de discriminación basado en el género».
«La presencia de estereotipos y prejuicios que existen entre operadores/as de justicia provoca que se le otorgue poca veracidad a la versión de la víctima, se le culpabilice, se justifiquen los hechos por la actitud o el comportamiento de la víctima, o por sus relaciones sentimentales anteriores, se cuestione la honra de la mujer o se utilice un vocabulario sexista», agrega.
Es frente a ese escenario que «colectivos de mujeres y disidencias, como parte de los grupos desprotegidos, encontraron en la denuncia pública en redes sociales un espacio para expresar las violencias que le fueron y son infringidas».

Mensaje equivocado.
Los fiscales en su dictamen señalaron que «si el Estado debe investigar de oficio diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes para cumplir con la obligación que surge de la ratificación de los instrumentos internacionales citados, parece incompatible con ese deber silenciar las denuncias públicas que se hagan de este tipo de conductas -en este caso, en la publicación aparentemente eliminada la víctima relata situaciones compatibles con el abuso sexual durante su adolescencia-«, explicaron.
Por estos motivos, remarcaron que «silenciar estas denuncias comprometería la responsabilidad internacional del Estado» y advirtieron que «envía un mensaje equivocado a la sociedad de que las violaciones y la violencia sexual son un asunto privado y no público».