Militantes de la JR, en una fiesta clandestina

Redaccion 28/05/2021 - 21.02.hs

En plena vigencia de las medidas de prevención, con récords de casos de Covid en el país y ante el desesperado pedido de profesionales de salud que piden empatía de la sociedad para bajar el contagio, una nueva fiesta clandestina fue detectada en un procedimiento que realizó la Policía provincial ayer por la madrugada con un hecho particular: los involucrados son todos militantes de la Juventud Radical y hay entre ellos también un ex funcionario de la gestión de Leandro Altolaguirre en Santa Rosa.

 

El hecho ocurrió en la calle General Pico al 600, entre Don Bosco y Escalante, en pleno centro de la capital pampeana, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando intervino la fuerza de seguridad ante la denuncia de un vecino.

 

Según las fuentes consultadas, los involucrados son cuatro personas: una mujer de 26 años y tres varones, entre ellos dos militantes reconocidos de la Juventud Radical, identificados como Sebastián Soncini (35 años) e Ignacio Ustarroz (30). El primero fue presidente de la Juventud de la UCR mientras que el segundo fue director de Ambiente en la gestión de Leandro Altolaguirre.

 

Fueron detenidos «infraganti» por la policía -el encuentro ilegal habría sido en un local gastronómico, propiedad de uno de ellos- e incluso habrían atacado a los efectivos, negándose a brindar datos personales, por lo que fueron detenidos y trasladados a una comisaría para continuar con el procedimiento.

 

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, fueron secuestrados en el lugar tres teléfonos y distintos elementos que podrían servir para la causa penal que se les iniciará en el ámbito de la justicia. También fue secuestrado un auto Peugeot gris. Luego de unas horas y de cumplir con el protocolo administrativo, fueron liberados. A los cuatro detenidos durante el encuentro clandestino se les hizo el test de alcoholemia, arrojando resultados «alarmantes».

 

Artículo 205.
Los jóvenes están acusados por resistencia a la autoridad y por violación al artículo 205 del Código Penal de la Nación, que contempla sanciones a la violación de medidas gubernamentales para impedir la introducción o propagación de epidemias, en el marco de la política sanitaria que lleva adelante el gobierno.

 


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