Concesión de Potasio Río Colorado: advertencia de la Fiscalía de Estado

A través de un dictamen conocido esta semana, pero que había sido emitido semanas antes de las elecciones, la Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado cuestionó la cláusula de confidencialidad suscripta antes del proceso para seleccionar a la empresa que se asociará al Estado de Mendoza para llevar adelante el proyecto minero Potasio Río Colorado. Mediante esta operatoria resultó elegido para el traspaso accionario un grupo empresario encabezado por Minera Aguilar SA, cuyo principal accionista es José Luis Manzano.

Aunque el organismo de control administrativo no rechazó el proceso, recomendó al Poder Ejecutivo que justifique la necesidad de confidencialidad, porque la publicidad de los actos públicos es un derecho fundamental de la ciudadanía. Mientras tanto, el gobernador Rodolfo Suárez ya ordenó preparar el expediente que enviará a la Legislatura provincial, con la finalidad de ratificar por ley la selección del nuevo socio.

“Acuerdo de confidencialidad”.

Según un artículo publicado ayer por el diario Los Andes, la entidad contratada por el gobierno para llevar adelante la selección de un socio (el Banco de Inversión UBS Securities LLC) “contactó a 60 empresas, de las cuales 14 suscribieron un acuerdo de confidencialidad que les permitió acceder a la información necesaria para hacer una oferta no vinculante”. Posteriormente, “cinco de esas 14 compañías hicieron esa oferta no vinculante” y finalmente “solo tres llegaron a la instancia de presentar una oferta formal”.

Si bien los acuerdos de confidencialidad resultan habituales en la industria minera, el dictamen de la Fiscalía advierte que ese compromiso de no divulgar cuestiones referidas al proceso colisiona con el derecho a la información pública y con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque acceder a información sobre las cuestiones de interés público es un derecho fundamental de ciudadanos y ciudadanas.

Por esa razón, la Fiscalía de Estado consideró que “la confidencialidad debe tener un plazo previsto”, tal como ocurrió cuando se firmó el acuerdo con la minera brasileña Vale que permitió el traspaso de activos al Estado provincial. En esa oportunidad se dispuso un plazo de cinco años. “Esta Dirección, en dictamen N° 1.209/20 precisó la necesidad de establecer plazos de duración del ‘secreto’ acordado, fundando asimismo debida y razonablemente el que se establezca en este contexto, a los efectos de no tornar ilusorio el principio general sentado por la doctrina y jurisprudencia”, advirtió en su dictamen.