Buscan reflotar el dique El Tambolar a través del RIGI

Una de las obras hidráulicas resistidas por La Pampa, el embalse El Tambolar, en la provincia de San Juan, entró en un impasse el jueves de la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados del distrito cuyano rescindió el contrato con la UTE que estaba a cargo de la obra. La construcción avanzó hasta el 41% de lo planificado pero se frenó por falta de fondos. En las últimas horas, trascendió que el Ejecutivo sanjuanino quiere continuarla a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

A pesar del reclamo pampeano, la construcción de El Tambolar comenzó en el 2020, con la desviación del Río San Juan, el más caudaloso de los ríos que integrran la cuenca del Desaguadero. A ayuda a la provincia cuyana para concretar la obra llegó de la mano del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), que proveyó fondos para construcción del dique. Sin embargo, el corte del envío de fondos para obras públicas del actual gobierno nacional le puso un freno.

En medio de la crisis en la que entró el gobierno sanjuanino con las empresas constructoras que se adjudicaron la obra, la Legislatura de aquella provincia decidió la semana pasada la rescisión del contrato con la UTE conformada por las empresas Panedile, Sacde y Petersen, Thiele y Cruz, además de la compañía china Sinohydro, y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

Horas después, el diario sanjuanino Huarpe reveló que las autoridades de aquella provincia “entienden que el camino para reanudar la construcción de la megaobra es un ‘barajar y dar de nuevo’, en el que el RIGI juega un rol fundamental”.

De hecho, luego de la votación en Diputados, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, sostuvo que, a partir de ahora, el Gobierno sanjuanino debía trabajar fuertemente en buscar financiamiento para reanudar la construcción. “Consideramos que se abre una gran posibilidad, teniendo una herramienta como lo es el RIGI y que se tiene que hacer una inversión cercana a los US$ 300 millones, de que se pueda lo antes posible reactivar la obra. Me parece que se conjuga de buena forma el financiamiento del dique y la búsqueda del mismo, sobre todo pensando en el marco legal que plantea el régimen”, indicó.

El artículo de Huarpe cita fuentes del EPSE según las cuales, si bien la utilización del RIGI es una gran posibilidad, aún restaría analizar las formas de aplicación del mecanismo en materia de obra pública.

El vicegobernador explicó que el objetivo de la rescisión fue evitar que se desate un juicio, debido a que había varios reclamos entre las partes por incumplimiento de contrato. “Ahora el Gobierno espera que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) pague la deuda los US$200 millones, para que las empresas que conforman la UTE se cobren alrededor de US$20 millones en concepto de indemnización”, explicó Huarpe.