Caza con jauría: el caso llegará a la Corte, en queja

Ana Carolina Díaz, promotora del recurso de amparo para declarar ilegal la caza con jauría en La Pampa es titular de la Defensoría Civil N º 2, es decir, funcionaria del Poder Judicial: representa al Estado y no un interés en particular. Por eso, la carátula de la causa es: “Ministerio Público de la Defensa c/Provincia de La Pampa s/amparo” (expediente nº 2119/22).

 

“En el fuero civil ya sabemos que el STJ ha adoptado como rutina declarar inadmisibles todos los recursos federales. Por eso teníamos la certeza de que nuestro planteo iba a ser rechazado y que deberíamos trabajar para acudir a la Corte Suprema a través de una queja”, afirmó ayer.

 

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5) la defensora explicó que “la caza con jauría resulta una actividad ilícita porque viola la Ley Nacional de Protección de los Animales (ley 14346, promulgada en 1954), la Ley de Ambiente, la Constitución Nacional y tratados internacionales”. No obstante, en La Pampa se encuentra legalizada por el artículo 26 del decreto reglamentario de la Ley Provincial 1194 (Conservación de la Fauna Silvestre.

 

Si bien tiene casi 70 años “y requiere una actualización que incluya penas mayores” aquella normativa nacional se encuentra “incorporada al Código Penal”. Eso significa que “no es necesaria una exhaustiva investigación ni estudios complejos para hacer justicia, porque deben aplicarse figuras claramente tipificadas”.

 

Entre los actos de crueldad contra los animales enumerados en la Ley 14346 figura “causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos sólo por espíritu de perversidad” y “realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales”. El amparo no pretende declarar ilegal la caza de jabalíes, sino la utilización de perros, cuyo sufrimiento resulta innecesario sencillamente porque hay otras formas de realizar la actividad sin producir padecimientos a los animales.

 

“Falta capacitación”.

 

Uno de los argumentos sostenidos desde el Poder Ejecutivo Provincial a favor de la caza con jauría es que “contribuye a controlar una especie muy invasiva, que produce destrozos en los campos y provoca pérdidas a los productores”. Carolina Díaz respondió que “si el jabalí es una plaga que requiere ser controlada, el gobierno provincial debería implementar procedimientos éticos y constitucionales, haciendo estudios y trabajos especializados, con la inversión necesaria y con recursos humanos capacitados”. Y aclaró que “muchos países utilizan métodos anticonceptivos para este tipo de controles”.

 

Por otra parte, lamentó que “ningún diputado se haya acercado para informarse sobre esta cuestión”, a pesar de que el STJ admitió la necesidad de una legislación actualizada. De todos modos, se mostró esperanzada en que “se implementen pronto los programas de capacitación establecidos por la Ley Yolanda”, destinados a mejorar la formación de los tres poderes en derecho ambiental. “A las capacitaciones acudimos todos -aclaró- menos los jueces. Ellos no se capacitan”.

 

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