DD.HH: invitan a funcionarios a la Legislatura
En la Legislatura se consideró el proyecto para crear el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. El objetivo sería garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles contemplados en los artículos 18 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.
La iniciativa había sido presentada en el período anterior por el diputado radical Francisco Torroba, y ahora fue tratada en la comisión de Derechos Humanos que preside, precisamente, su hijo Javier Torroba. Lo que se decidió en ese ámbito fue cursar invitaciones a la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Paula Grotto; y también al Ministro de Seguridad Horacio Di Nápoli, para que den su punto de vista aceca de la iniciativa.
El articulado del proyecto prevé que el sistema provincial que se apunta a crear estará integrado por el Comité Provincial que atiende la cuestión; y tambén por el Consejo Consultivo de la misma área, que actuarían en forma coordinada.
El nuevo sistema funcionaría realizando monitoreo, con el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales para observar los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
Se dispondría que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estará constituído por siete miembros que durarán cuatro años en su cargo, sin percibir remuneración alguna.
Cómo se integra.
Lo integrarían el o la subsecretario/a de Derechos Humanos; dos miembros de la Cámara de Diputados (uno por la mayoría y el otro por la minoría); tres miembros de ONG de Derechos Humanos; y un representante de la Universidad Nacional de La Pampa.
Se aclara que no podrán integrar ese Comité Provincial las personas que hayan desempeñado cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto; que hayan integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados, o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Naturalmente tampoco podrán estar personas de las que existan pruebas suficientes de participar en hechos que entren en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
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