Defensorías Civiles, en emergencia

El defensor general Martín Saravia declaró la emergencia del servicio público de Defensorías Civiles en todo el territorio provincial. En la resolución que emitió ayer, planteó que la decisión fue tomada ante "la escasa cantidad de Defensorías Civiles, así como el reducido personal asignado a cada una, provoca como correlato la imposibilidad de tramitar el volumen de la demanda social".

 

En el escrito, Saravia recordó que "a poco de haber asumido el cargo de Defensor General tomé dimensión del histórico padecimiento que atraviesan las Defensorías Civiles de las cuatro circunscripciones judiciales, cada una con sus singularidades. Sin embargo, la crisis se profundiza en la primera y la segunda". A raíz de infructuosas gestiones para obtener "transformaciones significativas en estos dos últimos años", indicó que se ve en la obligación de "declarar la emergencia del servicio público de Defensorías Civiles en todo el territorio provincial".

 

El defensor señaló que los motivos son conocidos tanto por el Poder Judicial como por el Ejecutivo, que son quienes cuentan "con la capacidad de ofrecer las respuestas integrales que reclama una Defensa Pública. Entiéndase que desde este servicio de Justicia se patrocina a la población más vulnerada de nuestra provincia, hecho que demanda estándares de calidad imposibles de sostener en las actuales condiciones".

 

"Entre sus principales tareas, las defensorías civiles son las promotoras de las demandas de la población vulnerada que atraviesa la conflictividad de género, niñez, salud mental, adultez mayor, discapacidad y derechos humanos. Nuestro servicio absorbe, en todo el territorio provincial, casi la totalidad de los reclamos por cuota alimentaria y cuidados parentales para la protección de las infancias y adolescencias. A su vez, promueve las medidas de protección para las víctimas de violencia por razones de género, una problemática que aumenta y que reclaman especial pericia para reducir los riesgos y resguardar la vida de las mujeres que demandan el acceso a la justicia", remarcó.

 

Sin embargo, advirtió que "la escasa cantidad de Defensorías Civiles, así como el reducido personal asignado a cada una, provoca como correlato la imposibilidad de tramitar el volumen de la demanda social. A esto debe adicionarse que la falta de acceso a la carrera judicial para los y las trabajadoras, las condiciones de trabajo precarias y la inexistencia de un sistema único de registro de causas y expedientes, colocan a nuestro servicio al borde del colapso".

 

"La nula asignación de bonificaciones para los trabajadores de las defensorías, se contrapone con las horas que se asignan en los distintos juzgados y cámaras de apelaciones. Este 'fenómeno' provoca procesos migratorios de personal muy calificado en busca de 'mejoras salariales' que nuestro Ministerio no puede ofrecer", continuó.

 

Personal e infraestructura.

 

En otro tramo de la resolución, Saravia precisó que "después de 20 años, en 2025, se crearon dos defensorías: una en General Pico y otra en Santa Rosa. Sin embargo, a ninguna de las dos se le asignaron trabajadores, cuando es por todos conocido que el Fuero Civil permanece siendo un sistema exclusivamente escritural. A esto, hay que sumarle que las bajas producidas por renuncias este último año no solo disminuyeron drásticamente la planta de personal disponible, sino que provocaron una sobrecarga de tareas en las pocas personas que quedan".

 

"La falta de equipos técnicos es otro motivo que atenta contra la prestación de un servicio adecuado, ya que cada vez que se necesitan informes que los propios jueces requieren para habilitar los pedidos de justicia, se debe recurrir a la buena voluntad de organismos externos al ámbito de las defensorías", añadió.

 

Saravia planteó su preocupación también por "la situación edilicia de las Defensorías de Santa Rosa. El crecimiento constante e ininterrumpido del Ministerio Público Fiscal, con quien se comparte edificio en Santa Rosa, ha hecho que las defensorías civiles se encuentren sin espacio propicio para la tarea. Al menos seis espacios que fueron originalmente construidos para depósitos, son utilizados como oficinas, por tal razón no tienen ventanas, la ventilación y la iluminación son netamente artificiales y deficientes. Esto impide desarrollar espacios amigables y contenedores para las mujeres y las infancias que asisten a las defensorías".

 

"Otro dato a destacar es el hecho de que hay sólo dos baños para 24 personas, los cuales son utilizados también como 'cocinas' improvisadas. Párrafo aparte merece la falta de accesibilidad para personas con discapacidad. A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el STJ en la readecuación edilicia de las Defensorías de la ciudad de General Pico, no hay espacio físico para ubicar a ningún trabajador o trabajadora. Tampoco se dispone de muebles ni computadoras", continuó.

 

Contención.

 

Saravia hizo hincapié en que "la Defensa Pública, especialmente la del fuero civil, es una red invisibilizada de contención del conflicto social y de prevención del recrudecimiento de la violencia padecida por las poblaciones vulneradas. Reconduce los discursos comunitarios y vehiculiza la solución a las problemáticas de alta sensibilidad como son la salud mental, la violencia de género en todos los ámbitos, la desprotección de las infancias y las adolescencias, la seguridad de las adultas y adultos mayores y las personas con discapacidad".

 

"El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y su correlato es la obligación del Estado de garantizar dispositivos, agencias, bienes técnicos y humanos para hacerlo operativo. Su falta de aseguramiento genera responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino en su conjunto", enfatizó.

 

"Cuando la Defensa Pública queda postergada frente a otras instituciones del Poder Judicial, se genera una asimetría estructural que afecta directamente el acceso a la justicia. Sin dudas, esto profundiza las desigualdades sociales. Las personas con recursos pueden contratar abogados privados, mientras que quienes dependen de una defensa pública debilitada reciben un servicio de menor calidad, hecho que consagra y perpetúa la inequidad del sistema", afirmó.

 

El defensor subrayó que "las personas de menores recursos quedan en desventaja frente al poder del Estado. Quienes sufren sus consecuencias son, fundamentalmente, las infancias y adolescencias. Asimismo, frente a un envejecimiento poblacional que aumenta notoriamente, y nos ubica entre las provincias con mayor índice de vejez, es necesario y criterioso considerar que los adultos mayores, quienes padecen abusos económicos, violencias y abandonos de persona, comienzan a engrosar las demandas de representación en las Defensorías Civiles".

 

Medidas.

 

Saravia indicó que "es indispensable que se dispongan las soluciones a las demandas estructurales ampliamente expuestas en este documento como en tantos otros que lo anteceden. Mientras tanto, me veo en la obligación de tomar medidas extremas para optimizar la prestación de aquellos patrocinios que implican prioridad y urgencia".

 

"Ello implica que, hasta tanto se cuente con los recursos suficientes y a los fines de priorizar las demandas de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la comunidad pampeana, el servicio de la Defensa Pública en lo Civil deberá circunscribirse a la atención de los temas vinculados a reclamos de cuotas alimentarias, régimen comunicacional en favor de las infancias y acciones urgentes contra la violencia de género, violencia familiar, contra niñas, niños y adolescentes y adultos mayores".

 

A su vez, resolvió "suspender el ingreso de nuevas causas, en todas las materias, hasta el 31 de diciembre de 2025, con excepción de las medidas preventivas urgentes de la ley 26.485". Esto será comunicado al Sitraj y a las autoridades del Poder Judicial y Ejecutivo.