Jueves 18 de abril 2024

Presos por twittear: especialistas advierten que viola libertad de expresión

Redacción 24/02/2024 - 00.10.hs

La situación de los dos hombres que permanecen detenidos en Jujuy desde hace casi dos meses por postear mensajes en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del gobernador Gerardo Morales, acusados de delitos graves, generó preocupación en especialistas en derecho público, entre ellos dos pampeanos.

 

Los detenidos son Nahuel Morandini, porque publicó un tuit en el que dio a entender que un integrante de Los Tekis tenía relaciones con la mujer del ex gobernador, y Roque Villegas, acusado de repostear en su cuenta de Facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek.

 

En Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación prohibida o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales -tiene una hija de dos años con Snopek-. Morandini y Villegas están acusados de dos delitos que, sumados como pretende la fiscalía, los pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (su hija).

 

Gustavo Arballo, especialista en derecho público, afirmó a LA ARENA que “si se compara el caso con otros donde existen cuestiones similares de difusión de información falsa, inexacta o que afecta la intimidad de las personas, este caso es inusual en los tiempos de su trámite, en el doble trámite civil y penal, en las razones de la fundamentación que se usa en sede penal y sumamente inusual en los efectos de la decisión, porque está aplicando prisión preventiva con una bastante difusa encuadramiento penal, estirando los límites aceptados y convencionales de los casos de lesiones y de su presión del estado civil de las personas”.

 

Luego de advertir que ninguno de los dos delitos que les imputan a los acusados corresponden, Arballo dijo que “tornar incierta la identidad supone un acto que tenga idoneidad para alterar las circunstancias objetivas que definen la filiación de una persona (alterar un examen de ADN, alterar un registro oficial), no en generar versiones que impliquen una incertidumbre subjetiva, por difundidas que fueran estas”. Y amplió: “En cuanto a las lesiones, la lesión psíquica requiere una acreditación concreta que implica un plus con respecto al daño al honor, pues si no se aplica ese criterio el delito de lesiones terminaría subsumiendo el delito de injurias, que es específico”.

 

“Hay otras cuestiones penales para una lectura más fina, pero igualmente problemática como que se le terminan atribuyendo a los imputados actos de terceras personas indeterminadas que siguieron la viralización (rompiendo los criterios básicos de culpabilidad personal)”.

 

El especialista señaló que el problema central de la acusación es que el fiscal afirma que “no hay otra manera de poder garantizarles a las damnificadas que sus intereses sean contemplados por el sistema penal” y que “esto es complicado, deja en claro que la política criminal ya no es concebida como una ‘última ratio’ sino como respuesta universal, en un derecho sensible pues -con mismo criterio- podrían imponerse formación de causa penal y prisión preventiva como regla para acusaciones de ilicitud en actos expresivos. Esto va en contra de estándares internacionales sobre libertad de expresión”.

 

“Es irrazonable”.

 

El constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez advirtió que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que en el marco de un ejercicio de la libertad de expresión que afecta derechos de terceros violando su honor, la responsabilidad ulterior que debe aplicarse debe ser primordialmente la civil, y excepcionalmente -y con tendencia a desaparecer-, la penal”.

 

Destacó que en la Argentina “las calumnias e injurias tienen una pena de multa, no de prisión”, consideró “irrazonable y abusivo” aplicar la figura de la sustitución de identidad en este caso y sostuvo que las prisiones preventivas son “absolutamente irrazonables”.

 

Alejandro Carrió, especialista en derecho penal y constitucional, indicó que “se está utilizando el derecho penal, que es la última herramienta del sistema”, para castigar conductas “que, de haber causado algún daño, sería suficiente con el derecho civil y las indemnizaciones” para contrarrestarlo, indicó La Nación.

 

Según Carrió, “la calificación de tornar incierta la identidad de la víctima es absolutamente forzada” porque “son comentarios no dichos asertivamente que de ninguna manera pueden calificar como ‘tornar incierta’ la identidad biológica de una persona”.

 

“También me parece forzada la calificación del daño sufrido por una persona adulta que tiene todas las herramientas que el derecho civil le concede para reparar el perjuicio que estas manifestaciones puedan haberle causado”, dijo Carrió.

 

“Me parece una enormidad que estas personas estén privadas de su libertad. El riesgo procesal es inexistente, el argumento del peligro de repetición del delito es absurdo: no solo las imputaciones son desmedidas, la privación de la libertad es absolutamente inconstitucional”, señaló. La constitucionalista María Angélica Gelli coincidió: “Este caso me asombró muchísimo; sobre todo por la prisión preventiva. Es una exageración”.

 

“Un caso muy grave”.

 

El abogado Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que la causa contra Morandini y Villegas es “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión” y que los acusados solo “hicieron posteos en clave satírica sobre un rumor que ya venía circulando desde hacía varios días”. Afirmó que les imputaron delitos que jamás podrían haber cometido, como la alteración del estado civil de la hija de Morales.

 

El CELS denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es un proceso absolutamente desmesurado e irracional, de un uso abusivo del derecho penal”, indicó Lloret.

 

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, esta causa es “un disparate que no tiene nombre”, implica “un enorme quebrantamiento de la libertad de expresión, que es clave en toda democracia, y de comunicación de una persona, sin ninguna fundamentación válida”. Además, dijo, “no se respetó el derecho de defensa. Es un caso que habla de cómo funciona la justicia en Jujuy”.

 

“Alarmante”.

 

El constitucionalista Pedro Caminos señaló que el caso genera “alarma” y que “el tuit, por sí solo, plantea una conjetura y que, al ser conjetural, no genera responsabilidad ni civil ni penal”. Advirtió que el fiscal introdujo como prueba contra Morandini una conversación que mantuvo en un grupo de WhatsApp, donde da por cierta la infidelidad, pero Caminos observa que el fiscal no explica “en qué medida enviar un mensaje en un grupo privado de WhatsApp impacta en la vida de Tulia Snopek”.

 

“Prueba superficial”.

 

El presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Hernán Gullco, codirector de la especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo que lo que está pasando en Jujuy es “muy inquietante”.

 

“Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, está el alcance la libertad de expresión, pero la clave acá es la vía elegida”, agregó. Según Gullco, la vía penal, con prisión preventiva, “no es aceptable”.

 

“La prueba de la lesión (a Snopek) es muy superficial y el delito de supresión del estado civil está pensado para otra cosa; no para cuando se hacen afirmaciones sobre el origen de una persona. Eso podría encuadrar en la figura de injurias, pero en ese caso, no tendría nada que hacer el fiscal (el delito de injurias es de acción privada)”.

 

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