Exoneraron a los policías "sediciosos"
El Gobierno provincial firmó el decreto a través del cual se exoneró de la Policía a los cinco efectivos condenados por sedición por el acuartelamiento llevado a cabo en diciembre de 2013. En algunos casos, se modificó la sanción de cesantía que se había aplicado previamente.
La novedad se dio a conocer en la última edición del Boletín Oficial, a través del Decreto Nº 3.578 con fecha del 10 de agosto del corriente año. En el artículo 1º, se "destituyó de la Policía de la Provincia con carácter de exoneración, a partir la fecha de su notificación, al Sargento Ayudante Carlos Aníbal Mendibe".
En el artículo siguiente, también se destituye "con carácter de exoneración" al Cabo Primero Fernando Alberto Rolhaiser. La misma decisión se tomó para el Cabo Primero Luis Horacio Bruno.
En el caso del ex agente Guillermo Julián Giménez, se modificó "la sanción de cesantía prevista en el artículo 1° del Decreto N° 2739/17 por el cual se diera de baja de las filas policiales, disponiendo la Destitución de la Policía de la Provincia con carácter de exoneración". En igual situación se encuentra el ex agente Diego Hernán López, que había sido cesanteado y ahora se dispuso su "destitución con carácter de exoneración".
En el artículo 6º se facultó al jefe de Policía, Daniel Guinchinau, a "disponer el pago de los haberes y licencias adeudadas, correspondientes a la fecha de baja".
En los cinco casos, la decisión se fundamentó en las faltas previstas y sancionadas "por el artículo 63 incisos 1) y 7) de la Norma Jurídica de Facto N° 1034/80". Dicha normativa establece las "transgresiones que darán lugar a sanción de destitución con carácter de exoneración o separación de retiro, impuesta por resolución dictada en sumario administrativo". Los incisos citados, el primero y el séptimo, son: "Cometer insubordinación, provocarla o instigar a cometerla", y "todo otro acto que afecte gravemente el prestigio de la Institución o la dignidad del funcionario".
Giménez, López, Rolhaiser, Bruno y Mendibe fueron hallados culpables de sedición por el acuartelamiento llevado a cabo en diciembre de 2013, cuando la provincia era gobernada por Oscar Mario Jorge. El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa había confirmado la condena en 2018. Luego de un último recurso, presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de agosto de 2021 el máximo tribunal del país, desestimó la presentación, dejando firme la sentencia.
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