Gas: otra jugada de Caputo pone en aprietos a las distribuidoras

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, desfinancia a las empresas distribuidoras de gas natural, entre ellas Camuzzi Gas Pampeana, al retener los fondos de reintegros por el régimen de descuentos para las provincias patagónicas por la Zona Fría.

 

Desde enero, Nación frenó el pago en el segmento de distribución. En febrero, fue la última vez que las empresas recibieron los reintegros de la ley 25565 de Zonas Frías, correspondientes a diciembre. A partir de esta normativa, la mitad de los usuarios de gas natural del país tienen una tarifa diferencial con una bonificación por vivir en regiones de bajas temperaturas, como sucede con La Pampa y la región sureña.

 

En ese sistema, se prevé que el Estado sea el que reintegra una parte del costo del servicio y esa cifra es cancelada con fondos recaudados por Nación a través de un fideicomiso, que está paralizado.

 

“Está demorada la compensación del Estado nacional por la parte que no pagan los usuarios, esto tiene implicancia para la industria, afectando sensiblemente la administración económica financiera de las administradoras de la distribución de gas“, informó fuentes de la empresa a LA ARENA.

 

Aclaró que “los usuarios pampeanos, de una zona de la provincia de Buenos Aires y de toda la región patagónica seguirán pagando la mitad de la factura de gas; lo que está pasando no tiene implicancia para el usuario, el subsidio está vigente”.

 

Como siempre desde que asumió este gobierno, con la excusa de realizar primero auditorías, el ministro Caputo dejó de afrontar los compromisos de todos los fideicomisos que administra el gobierno nacional.

 

$10.000 millones.

 

El Ejecutivo frenó la devolución de la Zona Fría a todo el segmento de distribución, que incluye a las distribuidoras (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y a más de 40 sub distribuidoras del país.

 

Las empresas dejaron de recibir el pago desde enero, febrero y marzo. Incluso, la empresa provincial Distrigas, de Santa Cruz, y un diputado de Mendoza presentaron cartas documento a la Secretaría de Energía de la Nación para que pague lo adeudado. La deuda con Distrigas asciende a $450 millones.

 

De acuerdo al portal digital Econojournal, el freno en los pagos desde enero, provocaron un pasivo que ya supera los $10.000 millones y “puso en jaque a más de 40 subdistribuidoras que abastecen a pequeñas localidades en todo el país”.

 

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se nutre del aporte que todos los usuarios de gas natural del país -incluso los de zona fría pagan en sus boletas mensuales- equivalente al 5% del precio del gas. Es decir que no se integra con aportes del Tesoro nacional, el gobierno sólo lo administra. El último mes pagado por parte del Gobierno fue el de las facturas de diciembre, que fue cancelado en febrero. Desde el Instituto de Subdistribuidores de Gas Argentino (ISGA) advierten que si los fondos no llegan por el pago, deben dejar de ofrecer el servicio.

 

Zona Fría.

 

El régimen de Zona Fría comenzó en los ´90 y, originalmente, fue una medida para la Patagonia pero se amplió a la mitad de los usuarios de gas del país a través de la aprobación de la Ley 27.637, sin discriminar la condición socioeconómica de los hogares. El régimen de Zona Fría (Ley 25.565 y 27.637) representaba un 50 % de las facturas de los usuarios de la Patagonia. Con la ampliación de 2021 a la mitad de los usuarios de gas del país, el margen del descuento final se ubicó entre un 30% y un 50%, según el volumen de consumo. La bonificación es sobre el total del monto de las boletas, excluyendo los impuestos.

 

Las subdistribuidoras están reguladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Son empresas que nacieron a partir de 1985 por una ley del gobierno de Raúl Alfonsín, que habilitaba a una localidad a afrontar las obras para construir la red de gas natural sin depender de Gas del Estado y, luego, podía operarla de manera independiente. Después de la privatización en 1992 de la empresa estatal (se dividió en nueve distribuidoras en todo el país), las subdistribuidoras continuaron operando. En la actualidad, abastecen a 500.000 usuarios (casi el 5% del país).