Insólitos argumentos del juez Díaz Lacava

El martes, el juez Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, se presentó ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación en una audiencia de indagatoria apoyado por el abogado Andrés Gil Domínguez. Medios nacionales abordaron el tema con grandes títulos, entre ellos entendiendo que trató de minimizar a 27 testimonios e informes médicos en su contra con argumentos insólitos. Afirman que quedó a un paso de la suspensión y juicio político.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura llevó adelante la audiencia prevista en el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación (RCDyA) en la que fue oído el juez Pablo Ramiro Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, en el marco del expediente 44/2023 (y acum.). La audiencia fue presidida por el Consejero Alberto Maques, presidente de la Comisión, con la asistencia del secretario Andrés Leandro García. Participaron los Consejeros Álvaro González, César Grau y Gonzalo Roca.

La citación del magistrado había sido aprobada en la reunión que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre. La audiencia tuvo lugar en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura ubicada en Libertad 731, piso 2°, de la Ciudad de Buenos Aires.

Argumentos.

El diario capitalino Infobae informó que la escena que se vivió este martes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura rozó el surrealismo institucional. Sentado frente a los consejeros que deben decidir su futuro, el juez Pablo Díaz Lacava -integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa- intentó desarticular las graves acusaciones en su contra con una estrategia arriesgada: admitir los hechos, pero cambiarles el significado.

Díaz Lacava llegó a la audiencia en una situación de extrema debilidad jurídica. No solo enfrenta un pedido de juicio político por mal desempeño; en paralelo, la justicia penal ya lo procesó por amenazas, lesiones y violencia de género, y pesa sobre él una orden de restricción que le prohíbe el contacto con los empleados de su propio juzgado.

En la oportunidad, Díaz Lacava concurrió acompañado por el reconocido abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y durante el espacio judicial el magistrado buscó transformar el contenido acusatorio de numerosos testimonios sobre sus hostigamientos y toxicidad laboral en un relato de “malentendidos” y “conflictos de oficina”.

“Broma impropia”.

Los especialistas aseguran que el momento más insólito de la indagatoria fue cuando debió explicar uno de los episodios más violentos que constan en la causa: el momento en que, en el año 2021,  arrojó una piedra desde la calle contra la ventana de un primer piso donde trabajaba un secretario que estaba en conflicto con él.

Ante la inquisitoria, Díaz Lacava esgrimió un argumento poco creíble, lo reconoció, pero lo relativizó. Lo definió como una “broma impropia”, despojada de cualquier intención de causar daño o temor. Según su versión, fue “un error de cálculo” en una relación que él consideraba de confianza, y aseguró que el episodio quedó “superado” al punto que, tiempo después, le ofreció a ese mismo funcionario llevar a su hijo de vacaciones.

Ese fue el eje rector de su defensa: la negación de la violencia sistemática. Para contrarrestar los 27 testimonios y los informes médicos que hablan de un ambiente de terror psicológico, el juez describió un vínculo “fraternal” y “amical” con sus denunciantes.

Habló de cenas familiares, viajes compartidos y gestos de camaradería que, a su juicio, son incompatibles con la figura de un acosador. En esa línea, cuestionó ante los consejeros cómo podría sostenerse la existencia de una conducta violenta si uno de los secretarios llegó a confiarle el traslado de su hijo a la Costa.

Para Díaz Lacava, las denuncias no son la expresión judicial de empleados sometidos, sino el resultado de una maniobra interna orquestada por secretarios y otros jueces para desplazarlo, motivada por celos profesionales, disputas por nombramientos y resistencias a su estilo de trabajo.
Los puntos más incriminantes. El magistrado también ofreció justificaciones increíbles para otros hechos puntuales que integran el dictamen acusatorio del diputado Álvaro González.

Negó haber encerrado o privado de la libertad a dos secretarios en su despacho. Su coartada fue arquitectónica: alegó que las paredes del tribunal son de vidrio y que un hecho así habría sido visto por todos. También haber revoleado un crucifijo en un ataque de ira (apeló a su fe católica y la educación de sus hijos); y justificó el retiro violento de un televisor argumentando que era un efecto decomisado al narcotráfico que la guardia usaba indebidamente para mirar partidos.

Violencia de género.

Otra de las acusaciones estuvo relacionada con violencia de género: el presunto maltrato a una empleada en periodo de lactancia. Sobre éste episodio aseguró que los gritos no eran para ella, sino para sus superiores, por no garantizar condiciones edilicias dignas.

Días Lacava tuvo ayer su última instancia defensiva para desvirtuar el cúmulo de incriminaciones que le endilgan. Ahora será tiempo de decisiones del Consejo de la Magistratura.

Por un lado, tiene el relato de un juez que habla de bromas pesadas y conspiraciones. Por el otro, un expediente penal avanzado, procesamientos confirmados y un dictamen disciplinario que describe un patrón de conducta incompatible con la magistratura. Con la acusación formal casi lista para ser votada, Díaz Lacava quedó a un paso de la suspensión y el juicio político.