La Legislatura aprobó la Ley de emergencia en Salud Mental

La Legislatura provincial aprobó por mayoría –con los votos del Frejupa y la UCR- la declaración de la Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos en el ámbito de La Pampa. El PRO-MID y Comunidad Organizada lo hicieron en contra.

La autora del proyecto, la diputada Patricia George (Frejupa), sostuvo en diálogo con LA ARENA que lo trabajó “junto con el Poder Ejecutivo, porque me pareció que era la forma de hacerlo para un abordaje integral ante la gravedad que hay hoy en la salud mental en en la provincia, en el país y en el mundo”.

La legisladora es integrante de la Comisión de Sociales y Salud Pública y dijo que “de lo único que escucho de hablar es del tema de la salud mental, y lo grave que es. Por eso necesitamos de dispositivos, de profesionales, de atención. La ley que proponemos abarca una cuestión interdisciplinaria”.

Señaló que la normativa “tiene que ver con capacitar a las personas que atienden las líneas telefónicas, por ejemplo, que creemos que es sumamente necesario”, pero también se ocupa “de los centros de día que ya hay; o mejorar los centros de internación porque sabemos que no están en las mejores condiciones. Además prevé contratar más profesionales”.

George reveló que hay una realidad “que se da a nivel país, y creo que mundial, y es que faltan psiquiatras. No egresan psiquiatras, con lo que tenemos un problema con este tema”. Marcó incluso una contradicción con la ley nacional “que está por por tratarse ahora, donde se pretende prescindir de los psicólogos. Y nadie puede desconocer la importancia que tiene un profesional psicólogo en la ayuda a un psiquiatra para detectar un tema de salud mental”.

Con respecto a la normativa que se aprobó en el recinto dijo que la emergencia se prevé por dos años, y para atender sus necesidades se convino con el Ejecutivo que “se van a reestructurar partidas” y que se podrían asignar cargos “para gente capacitada”.

Control.

George destacó que el artículo 5º de la ley que se sancionó ayer, dispone la creación de una Comisión de Control “de todas las políticas públicas a implementar, pero también de como se implementa el presupuesto. Estará integrada por tres legisladores, dos de la mayoría y uno de la minoría, así que los legisladores van a poder controlar, que es lo que piden permanentemente”.

Por otra parte el artículo 12 determina que el Ejecutivo deberá concurrir a la Cámara de Diputados “una vez por año. Entonces habrá un control del Poder Legislativo”, además del que ejerce el Tribunal de Cuentas que todos sabemos tiene a cargo una funcionaria de la oposición, como ‘Marita’ Mac Allister que cumple muy bien su función”.

George enfatizó que “la solicitud de la ley viene de la sociedad, pero también los profesionales de la salud la esperaban, porque tiene que ver con capacitación además, y con darle herramientas al Ejecutivo para que puedan estar mejor”.

La diputada Gisela Cuadrado (UCR) destacó la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, remarcando que sus aportes estuvieron orientados a fortalecer una perspectiva de niñez y adolescencia, la prevención y la construcción de redes comunitarias.

Durante su intervención en el recinto, pronunció un emotivo discurso donde llamó a mirar el rostro humano detrás del flagelo. “Detrás de cada estadística, de cada número y de cada informe, hay personas. Hay familias, madres y padres. Pero, sobre todo, hay niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de angustia, soledad y consumos problemáticos que muchas veces llegan silenciosamente; y cuando se hacen evidentes, ya es demasiado tarde”, alertó, citando una frase que repiten los jóvenes en el territorio: “Nos sentimos solos”, e invitando a los adultos a reflexionar sobre esa realidad.

Cuadrado recordó que impulsó distintas iniciativas vinculadas a la problemática, entre ellas el pedido para reactivar la Mesa Coordinadora del Observatorio Provincial de Drogas, la declaración de Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones, pedidos de informes, propuestas vinculadas a prevención y consumos problemáticos, y distintas acciones orientadas a instalar el tema en la agenda pública.

Asimismo, recordó proyectos específicos destinados al abordaje y promoción de la salud mental para trabajadores de la educación y personal policial; iniciativas vinculadas a violencia escolar y prevención del bullying; fortalecimiento comunitario y salud mental territorial; prevención del suicidio; capacitación, orientación y acompañamiento a familias; y propuestas destinadas a fortalecer herramientas de prevención y cuidado.

Modificaciones.

Cuadrado puntualizó acerca de sus aportes, como pedir medidas vinculadas al fortalecimiento de las líneas de atención telefónica y remota 132 y 136, incluyendo capacitación laboral para sus operadores, entendiendo que quienes cumplen tareas de escucha y acompañamiento tienen un rol central frente a situaciones críticas.

Además incorporó dispositivos de teleconsulta y atención remota en salud mental con el objetivo de ampliar el acceso y garantizar continuidad de cuidados, especialmente en localidades con menor disponibilidad de recursos especializados.

Otra de las modificaciones impulsadas apunta a la articulación con instituciones deportivas, clubes y organizaciones comunitarias para desarrollar proyectos de promoción de la salud mental, prevención de consumos problemáticos y fortalecimiento de vínculos comunitarios, especialmente en población infanto-juvenil.

Políticas públicas.

Además, promovió políticas públicas destinadas a fortalecer la participación activa de jóvenes y adolescentes como agentes protagonistas de concientización y promoción de la salud mental en sus comunidades.

Expresó que su bloque acompañaba la ley en general, pero dejaba sentado que en particular no acompañaría el Artículo 8, ya que prevé la contratación directa cuando la normativa provincial prevé como principio la licitación pública.

“Estoy convencida de que las mejores leyes son aquellas que escuchan, incorporan, mejoran y dan respuestas. No hay política pública más urgente que aquella que salva una vida”, concluyó.