La Mesa de Enlace, contra los recortes

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) mantuvo un encuentro con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, en el que expuso su desacuerdo con tres de los principales cambios que el Gobierno nacional evalúa implementar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las entidades rurales advirtieron sobre los riesgos de modificar la autarquía, la gobernanza y la estructura de Centros Regionales, y reclamaron mantener estos pilares para preservar el funcionamiento del organismo.

 

Participaron en la reunión los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Carlos Castagnani, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, por Coninagro; Andrea Sarnari, por Federación Agraria Argentina (FAA); y Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina (SRA). También asistieron el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; su vicepresidenta, María “Pilu” Giraudo; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández.

 

Preocupación.

 

En el encuentro, los dirigentes rurales expresaron su preocupación ante las versiones que señalan la inminente publicación de un decreto del Poder Ejecutivo con el objetivo de reformar la estructura del INTA. Indicaron que comparten la necesidad de introducir cambios para modernizar el organismo, pero aclararon que estos no deben poner en riesgo su funcionamiento estratégico.

 

La resistencia de la Mesa de Enlace se concentró en tres puntos clave: la preservación de la autarquía administrativa y financiera, la continuidad del actual esquema de gobernanza con participación del sector agropecuario y la red territorial desplegada a través de los Centros Regionales, las estaciones experimentales y las agencias de extensión rural.

 

Según señalaron, los productores requieren un organismo con capacidad técnica, presencia territorial y una estructura capaz de acompañar las necesidades del sector. “Los integrantes de la CEEA expresaron estar preocupados y comprometidos con el INTA, ya que los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país”, señalaron las entidades en un comunicado.

 

La inquietud rural se agravó por trascendidos que circulan dentro y fuera del organismo. De acuerdo con distintas fuentes, el Gobierno evalúa reducir de 10 a 8 los integrantes del Consejo Directivo, el máximo órgano de conducción del INTA, donde participan representantes de las entidades agropecuarias. También se estudia otorgar al Ministerio de Economía un control financiero directo, lo que implicaría un cambio en la autonomía del Instituto.

 

En ese mismo contexto, circulan versiones sobre un recorte de 1500 puestos de trabajo, de una dotación actual cercana a los 6000 empleados, y el cierre o fusión de unidades en el interior del país. Este posible ajuste de personal y estructuras se inscribiría en una estrategia oficial para reducir gastos y rediseñar el rol del INTA en la política agropecuaria nacional.