La Pampa va a la Corte en defensa de los jubilados

El gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos previsionales que Nación le debe a la provincia. La medida se fundamenta en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, luego de agotada la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. También se planteó la inconstitucionalidad del reciente DNU 280/24 que pretende derogar la citada normativa.

El mandatario interpuso, a través de la Fiscalía de Estado, una demanda ante el máximo órgano judicial del país para solicitar que “se ordene pagar en forma inmediata la deuda del Gobierno nacional en concepto de déficits de las cajas previsionales”. Esto ya había sido advertido públicamente por Ziliotto, quien había remarcado “el riesgo en que se ha puesto las cajas previsionales de la provincia puntualizando que en virtud del DNU del Gobierno nacional, el Estado provincial se vio obligado a solventar con fondos propios sumas que deben ser pagadas por la Nación”.

“No es la primera vez que se interpone un recurso de este tipo. La anterior se ubica en el año 2017 el entonces gobernador Carlos Verna. Ello derivó en un acuerdo con el Gobierno Nacional en 2021 percibiendo la provincia los déficits de 2009 a 2014. Y mediante gestiones administrativas se recibió lo correspondiente a los años 2017 a 2020 y a los anticipos que marca la normativa, hasta 2023”, recordaron desde el Ejecutivo provincial.

“Grave perjuicio”.

Desde Provincia señalaron que “la manifiesta falta de pagos por incumplimiento de anticipos mensuales, la omisión de realizar simulaciones y sus consiguientes auditorías, la negación a pagar las sumas debidas en concepto de actualización y la posterior actitud asumida al dictar el DNU N° 280, prueban acabadamente que el Estado nacional incumple en forma flagrante el marco normativo vigente desde 1999”. En ese sentido, afirmaron que esto genera “un grave perjuicio a la Provincia, desfinanciando sus Cajas Previsionales y obligándola en consecuencia a asumir con recursos propios dicho déficit”.

“La actitud del Estado nacional de no realizar las simulaciones, negarse a abonar los adelantos, eliminar las partidas presupuestarias, dañan la autonomía de la provincia y la forma de gobierno federal que nuestra Constitución establece. De continuar esta situación se verán perjudicadas las personas que perciben sus jubilaciones, afectando gravemente una prestación de carácter alimentario”, continuaron.

A la actualidad se deben las sumas correspondientes a la diferencia en más de lo que resulta de las actualizaciones correspondientes al déficit previsional del período 2020 (deducido lo ya percibido como capital histórico) conforme el ÍNDICE SIPA (Índice de Movilidad Jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino), déficit de los años 2021 y 2022 -períodos de los que aún no realizaron las correspondientes Simulaciones- la actualización de los adelantos recibidos del 2023 y los períodos vencidos del año 2024 (enero, febrero, marzo).

Más de $ 5 mil millones.

La deuda, estimada por Auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social del año 2024, calculadas al 31 de marzo, es de $5.104.478.586,96. “A ello se suman los déficit de 2020, 2021, 2022 y 2023”, detallaron y aclararon que “del año 2020 solo se reclama la actualización, habida cuenta que el anterior gobierno nacional efectivizó el pago de ese ese período. Del resto de los años se reclama el déficit actualizado, descontando los anticipos recibidos”.

Ante esto, y en atención a la gravedad y urgencia del caso, el Ejecutivo le “solicitó a la Corte que como medida cautelar se deje sin efecto el Decreto N° 280/2024 de fecha 26 de marzo mediante el cual se elimina los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701 y se instaure el sistema, ordenando al Estado Nacional abonar los anticipos mensuales a la Provincia de La Pampa en la materia conforme al derecho vigente”. A su vez, remarcaron que “la eliminación de los anticipos y actualizaciones del déficit de la Caja Previsional, afecta los derechos adquiridos de naturaleza alimentaria de jubilados, pensionados y retirados del ISS, y de La Pampa conforme a la extensa y sólida relación jurídica que al respecto mantenía hasta el 25 de marzo de 2024 con el Estado Nacional respecto al pago del déficit previsional de las cajas no transferidas a Nación. Todo lo cual acredita la existencia de los elementos esenciales para la procedencia de la cautelar requerida”.

Precedente judicial.

Desde el Gobierno provincial recordaron que esto “ya se suscitó en el pasado, o sea que Estado Nacional dejó de realizar las auditorías y consecuentemente pagar el déficit”. Ante esto, La Pampa accionó judicialmente en 2017 ante la Corte reclamando el pago del déficit previsional como así también la realización de las auditorías.

“En la anterior gestión del gobierno nacional, se arribó a un acuerdo respecto del cual Nación reconoció como plenamente legítimo este reclamo de La Pampa. En efecto, en el marco del Expediente judicial se arribó a un acuerdo de pago el día 27 de agosto de 2021 por el cual se percibió la deuda correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y el Estado Nacional abono a la Provincia la suma de $2.229.000.000,00”, indicaron.

“Un daño importante a las finanzas”.

En la demanda presentada por La Pampa también se solicitó que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 280/2024 emitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual, bajo falsas premisas de urgencia y necesidad, incorpora diversas disposiciones que modifican el presupuesto vigente. “Específicamente, y en lo referido a esta materia, sostiene que resulta necesario delimitar determinados artículos de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional, decidiendo que los artículos 92, 93 y 94 de tal normativa no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por el artículo 1 del Decreto N°88/2023”, indicaron.

Esta es una “decisión que conlleva a la modificación de partidas presupuestarias que tiene un impacto relevante en la Sistema Previsional Provincial, incurriendo el Poder Ejecutivo en un apartamiento intempestivo de la relación jurídica tuitiva que el Estado Nacional y la provincia de La Pampa mantienen como política de Estado con los jubilados, pensionados y retirados de la jurisdicción que no han sido transferidos al Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones”.

En esa línea, remarcaron que “produce un importante daño en las finanzas de La Pampa, incurriendo el Presidente en un acto de gravedad institucional violatorio de los artículos 1, 28, 29, 75 inc. 22 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, conculcando certeramente la forma republicana, representativa y federal del Sistema de Gobierno, la razonabilidad de los actos de gobierno, como también se atribuye la suma del Poder Público (art. 99 inciso 3)”.

Por estos motivos, se solicitó a la Corte que “declare su inconstitucionalidad y así proteja derechos adquiridos de jubilados, pensionados y retirados. Manifiesta la demanda que las diferencias políticas se deben discutir en los ámbitos propicios para su solución, y no por medios de presión que involucran y/o perjudican a estamentos vulnerables de la sociedad”.