“Me cansé de dar vueltas”

La precaria vivienda ubicada sobre la calle Urquiza donde residió Antonella Villalba permaneció deshabitada poco más de un mes. Aquella joven de apenas 27 años había ocupado la casa en junio de 2024, y el 8 de diciembre decidió terminar con su propia vida. Luego de esa tragedia, la casa fue vaciada y sus aberturas bloqueadas para impedir nuevos ingresos.

 

El sábado 18 de enero, Lucía Lezcano, también de 27 años y con tres hijos (Morena de 9 años, Ema de 4, y un bebé de 5 meses), quebró los tres puntos de soldadura que mantenían la puerta de acceso sellada y usurpó el inmueble. “Esta es mi tercera usurpación y voy a quedarme. No pienso moverme de acá. La primera vez ocupé una casa en el barrio de la ex Cerámica y la segunda, una propiedad privada sobre la calle Bolívar, donde estuve casi un año y medio”, contó.

 

LA ARENA la visitó ayer por la mañana. “Ya limpiamos bastante, pero estaba todo muy sucio y había cosas tiradas, incluyendo ropa, en el patio y dentro de la vivienda”, comentó. La casa tiene dos habitaciones y un baño instalado, y permanece sin conexiones de energía eléctrica ni gas natural, aunque todavía cuenta con agua potable.

 

Hasta ahora, Lucía alquilaba “un garaje con baño sobre la calle España, por 130 mil pesos, pero no tenía patio ni vereda para que jugaran las niñas, y se me hizo imposible seguir costeando el alquiler”. Se mudó con unos pocos muebles: cama de dos plazas, dos cuchetas, un ropero, una alacena pequeña y una mesa con cuatro sillas. También instaló una cocina alimentada por gas en garrafa, junto con un lavarropas, una heladera y un televisor, que están desenchufados.

 

“Necesito un trabajo”.

 

En diálogo con este diario advirtió que “desde hace tiempo venía pidiéndole ayuda a los organismos públicos, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria”. Se inscribió en el registro del IPAV hace 9 años y “tenía la esperanza de que me tocara una casa, pero las últimas dos viviendas se las entregaron a familias que tienen buenos ingresos”, lamentó.

 

En ese contexto logró comunicarse “por teléfono con el intendente Ariel Rojas, pero me avisó que esta semana no iba a estar en Toay y me pidió que le trasladara la consulta a su secretario, Tati Carlomagno”. Este funcionario la mandó “a hablar con la secretaria de Desarrollo Social, Andrea Arteaga, quien me reiteró un ofrecimiento de 20 ó 30 mil pesos mensuales para colaborar con el alquiler”.

 

Lucía nació en Santa Rosa, pero vivió toda la vida con su familia en Toay. Tiene estudios secundarios completos pero no consigue trabajo estable y sobrevive muy precariamente con una tarjeta alimentaria de 25 mil pesos y una cuota alimentaria de 30 mil. “Me vendría de diez tener un trabajo. Sería lo mejor, pero por ahora solo hago algunas changas, trabajitos de limpieza y, cuando puedo, vendo algunos alimentos caseros”, explicó.

 

“Cansada de dar vueltas”.

 

“Mi idea no era venir acá. Pero finalmente no encontré otra opción y ya estoy cansada de andar dando vueltas y que mis hijas no tengan patio o una vereda para jugar”. Comenta que “antes de usurpar la casa, pedí que me la prestara por un tiempo, ya que permanecía vacía. Pero el intendente argumentó que estaban destinadas a personas mayores con ingresos mínimos”.

 

Por eso, el sábado a las 8,30 de la mañana ocupó el inmueble por la fuerza. “pasado el mediodía vino una comisión policial para notificarme que el municipio me había denunciado por usurpación y daños”. Hasta ahora no la visitó nadie más, salvo una referente de organizaciones sociales, que arribó en medio de esta entrevista con la intención de conocer a Lucía, saber cómo está su situación y preguntar cómo podía colaborar.

 

Según pudo relevar LA ARENA, la casa se encuentra en condiciones muy precarias, abandonada y descuidada. Si bien Lucía limpió los ambientes, el abandono todavía se observa en las condiciones deplorables del patio. “La supuesta preocupación del intendente por estas viviendas no se manifiesta para nada en su estado”, consideró Lucía.

 

Al igual que hace siete meses, cuando Antonella y Flor Melany López ocuparon esas dos viviendas sociales que permanecían deshabitadas, la única acción visible del municipio fue presentar una denuncia penal por usurpación. La muerte de Antonella Villalba generó distintos cuestionamientos a la actuación de organismos del Estado y desnudó numerosos interrogantes sobre las formas adecuadas de abordar situaciones de vulnerabilidad social, especialmente cuando hay niños de por medio.