Palazzani: “Destruyeron un proyecto solidario”

La Justicia federal investiga la defraudación económica, ocurrida entre 1976 y 1979, cuando el Ejército se apropió ilegítimamente de la torre ubicada en avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, de la ciudad de Neuquén. Recién el año pasado encuadró lo sucedido en el contexto de los delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El pampeano y fiscal federal Miguel Palazzani es quien lleva la imputación contra los militares Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, Jorge Héctor Di Pasquale, Adolfo San Martín, Jorge Molina Ezcurra. Además, las familias neuquinas activaron el reclamo administrativo.

El 24 de marzo de 1976 vehículos militares arribaron a la “Torre de Periodistas I”, donde funcionaba la sede de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, secuestraron documentación y desplazaron a sus autoridades. Impusieron como interventor al exintegrante del Ejército Argentino, Ulises Normando Baca Cau.

A partir de ese momento eliminaron de la lista de futuros adjudicatarios de la torre, que se encontraba en construcción desde 1972, a por lo menos 21 socios de la Cooperativa, que habían pagado ante el Banco Hipotecario Nacional las cuotas mensuales, apropiándose de ese dinero y frustrando la legítima expectativa de acceder a una vivienda.

Luego de ello, a partir de la inauguración de la “Torres de Periodistas I” realizada el día 7 de noviembre de 1977, acto del cual participó Baca Cau y el entonces gobernador General José Martínez Waldner, comenzó la segunda etapa de la maniobra delictiva. Esta se materializó a través de la participación del entonces Banco Hipotecario, ya intervenido por autoridades militares, que valiéndose de un poder irrevocable concedido por la Cooperativa en el año 1972, procedió en fecha 29 de septiembre de 1978 a vender o simular la venta de 23 departamentos a distintas fuerzas de seguridad: 15 fueron para el Ejército, 4 para la Gendarmería, 2 para la Marina y 2 para la Policía Federal.

Además, la maniobra habría comprendido la venta de dos terrenos lindantes al de la Torre de Periodistas I y propiedad de la Cooperativa: uno en el que se encontraba proyectado la construcción de un Centro Cultural Comunitario y el otro en el cual se encontraba proyectado la construcción de cocheras para los habitantes de la Torre.

Estos hechos habrían sido cometidos en un contexto de persecución política e ideológica a periodistas y medios de prensa de la región, y en particular a miembros fundadores de la Cooperativa, ordenada por las autoridades del Comando de la Subzona 5.2 tanto en fecha anterior como posterior al 24 de marzo de 1976.

La investigación comenzó el 14 de marzo de 2014 tras la denuncia de “apropiación” de los departamentos por parte de Héctor Lombardo, Osvaldo Arabarco -actualmente fallecido- y del periodista jubilado Víctor Hugo Reynoso, en su condición de socios fundadores.

Recurso.

El abogado que representa a las familias neuquinas, Mariano Mansilla, presentó hace dos semanas un recurso administrativo ante el gobernador Rolando Figueroa para que responda en un plazo de 60 días hábiles.

Lo que se le solicita, dijo Mansilla a diario Río Negro, es “la devolución de los departamentos porque el gobernador de facto en ese momento es el que ordena la ocupación del edificio, ordena la intervención de la Cooperativa y le pone los departamentos a disposición del Ejército, pero la ocupación la produce el Estado provincial, por más que sea un gobierno de facto”.

Y agregó: “Después, en el juicio, es probable que la provincia cite como tercero al Estado nacional y diga ‘también hay responsabilidad del Ejército en esto’, pero jurídicamente la responsabilidad de esta ocupación es del Estado provincial que en democracia debió subsanar esta situación y que lamentablemente no lo hizo”.

Lesa humanidad.

El reclamo administrativo fue posible por el avance de la causa penal. A partir del pedido del fiscal Miguel Palazzani, en 2024 fueron llamados a indagatoria dos ex miembros de la inteligencia del Ejército por crímenes de lesa humanidad en la apropiación de los bienes de la Cooperativa, generando también la imprescriptibilidad del reclamo civil por esos hechos.

En el llamado a indagatoria al que accedió LA ARENA, el pampeano Palazzani describió por qué se trató de un delito de lesa humanidad. Sostuvo que “la supresión de la libertad de expresión en el país, conllevó a que los integrantes de los medios de prensa y el periodismo en general resultaran uno de los colectivos sociales que sufrieron con mayor intensidad la brutalidad de la represión ilegal durante aquella época”.

En diálogo con este diario, el fiscal explicó: "El tándem cívico militar se apropió ilegalmente y usurpó 21 departamentos de la llama Torre de Periodistas a través del Banco Hipotecario y después de haber intervenido la Cooperativa de Periodistas que había gestionado su construcción. Para ello contaron con la complicidad del Banco Hipotecario, el Ejército, Gendarmería y Policía Federal.Destruyeron un proyecto solidario-comunitario persiguiendo a los asociados a la cooperativa, lo que generó secuestros, torturas, exilio a trabajadores de prensa”.

Señaló que hay “fundada sospecha” para vincular el desplazamiento de las familias con la dictadura porque, además, dos represores vivieron en esos departamentos: Carlos Alberto Benavídez y Rodolfo Adolfo Giménez. "Estamos avanzando hacia el juicio oral y público", completó Palazzani.