"Paradigmático de lawfare"

Diputados nacionales del Frente de Todos impulsan un proyecto para que se tipifique el "lawfare" como delito dentro del Código Penal. La propuesta, impulsada por los diputados Gisela Marziotta y Ramiro Gutiérrez, podría presentarse en la Cámara Baja esta semana.

 

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat participó de una audiencia pública realizada el pasado jueves, en la que representantes de diferentes sectores evaluaron la factibilidad de la incorporación del lawfare como un delito.

 

El proyecto debatido aspira a fijar penas de hasta 10 años a jueces y magistrados que actúen con "malicia" contra los derechos políticos de las personas. "Apunta a la incorporación a la figura de prevaricato, que significa cuando un juez falla contrario al derecho a sabiendas, es decir con dolo", explicó Barcesat.

 

Asimismo, mencionó que la presentada en el Congreso nacional "es solo una de las iniciativas, hay también una propuesta en el Parlasur para que sea una iniciativa de un convenio regional que impulsen los países que han sido afectados por el lawfare", en diálogo con Radio Noticias.

 

El abogado explicó que ambas iniciativas presentadas -la del Congreso y la del Parlasur- "abarca no solo a los operadores judiciales sino también a aquellos que presten colaboración, como los servicios de inteligencia, o medios de comunicación. Toda esta madeja estaría comprendida no solo en la responsabilidad penal y la consecuente inhabilitación para ocupar funciones publicas, sino también en la responsabilidad civil, por los daños y perjuicios que irroga este obrar".

 

Comunicadores.

 

Barcesat se explayó sobre el rol de los medios de comunicación en el lawfare, en alusión al reciente editorial del diario Clarín sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner titulado "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Sostuvo que "hay una batería normativa" sobre esta materia, pero "lo que falta son fiscales y jueces que las apliquen".

 

"Las dos normas mas importantes están en la Convención Americana de DDHH, que establece que no se permitirán las expresiones de odio, cualquiera sea su motivo. Hay otra cláusula en la Constitución, que establece que en relación de consumo y uso se debe brindar información veraz y adecuada; y en lo que hace a comunicación pública no se hacer valer. Por último, la incitación a cometer actos contra el orden constitucional y la vida democrática esta severamente penado en el articulo 209 del Código Penal", detalló.

 

Asimismo afirmó que "sin la presencia del poder mediático y comunicacional seria imposible sostener una causa ficcional como es la de Vialidad Nacional Santa Cruz", en la que la vicepresidenta está imputada. "Se va poniendo en evidencia por las defensas lo hueco del alegato, habilita a pensar que si todo fuera racional la sentencia debería ser absolutoria", dijo.

 

"Esta política es sucedánea de la doctrina de la 'seguridad nacional', que se esparció en nuestro continente bajo la forma de secuestros y desapariciones forzadas, con las dictaduras en Latinoamérica", sentenció el abogado respecto al lawfare. "De allí que pienso que es pertinente impulsar (su tipificación como delito), porque aparte la norma jurídica tiene la función de prevención o de alerta".