Proponen incluir "ecocidio" en el CP

La Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (Aidpac), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y dirigida por el profesor Miguel Angel Asturias, propuso esta semana incluir al "ecocidio" en la lista de delitos ambientales del Código Penal. "Si bien la incorporación del "ecocidio" como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta", expresó el propio Asturias en un documento público difundido el lunes 18 de julio.

 

La idea no resulta novedosa: ya existen varios tipos penales en leyes especiales e, incluso, el Código Penal argentino incluye delitos ambientales, aunque de manera difusa y más enfocados en proteger la propiedad. Sin embargo, los incendios en islas del Paraná y zonas cordilleranas de la Patagonia, la caza de especies amenazadas, la predación de recursos pesqueros, la deforestación y el uso indebido de agroquímicos son las principales afectaciones del ambiente que impulsaron la creación del proyecto.

 

¿Y el Atuel?

 

Si bien la grave problemática ambiental provocada por el corte definitivo del río Atuel, hace ya 75 años, debe considerarse un "ecocidio", condición ratificada también por las investigaciones de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el reclamo pampeano no figura como argumento en ninguno de los proyectos que esperan tratamiento en el Congreso de la Nación.

 

La afectación hídrica en territorio de La Pampa podría asimilarse en algunos artículos que se refieren a "la destrucción de ecosistemas diversos" o los que castigan delitos que "produjeran un desplazamiento o migración humana", pero dependen de su interpretación y no se refieren puntualmente a la degradación del ambiente por el mal uso de los recursos hídricos.

 

La propuesta de la Aidpac cita como ejemplo de "ecocidio" los incendios forestales intencionales, la invasión humana de zonas naturales, la destrucción de los humedales, la tala ilegal, la expansión agrícola, la ganadería industrial, la extracción de recursos mediante la minería, el tráfico ilícito de flora y fauna, la contaminación de agua, tierra y aire, la pesca ilegal, el comercio y la eliminación de residuos, el tráfico de metales y piedras preciosas, el uso de armas y químicos en conflictos bélicos y hasta el bioterrorismo, pero no hay ninguna referencia al corte de los ríos o la desertificación provocada por el uso indebido de los recursos hídricos.

 

De algún modo, y a pesar de todos los esfuerzos realizados durante casi un siglo, el reclamo pampeano contra el terrorismo ambiental de Mendoza se mantiene prácticamente desconocido, incluso entre los más conspicuos referentes nacionales del ambientalismo.

 

La propuesta.

 

El proyecto presentado por Asturias reprime con prisión "de 3 años y 6 meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente, y entre 8 y 20 años de prisión si ese daño efectivamente ser produce". Además, agrava las penas cuando en la comisión "participa un funcionario público, o si el delito se comete en una reserva natural, resulta en la muerte o lesiones graves de personas o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas".

 

Finalmente, si en el delito interviene o se beneficia alguna persona jurídica, corresponderán multas de dos a diez veces el valor del daño y la obligación de restablecer la afectación del ambiente, la suspensión total o parcial de actividades, la cancelación de la personería y la suspensión de eventuales beneficios estatales".

 

La idea de penalizar los delitos ambientales es una tendencia mundial que avanza con fuerza. El término "Ecocidio" fue utilizado por primera vez en 1970, cuando Estados Unidos contaminó Vietnam. Y fue precisamente Vietnam, el primer país que lo legisló, considerándolo un "delito de lesa humanidad". En esa misma línea legislaron con posterioridad Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Ucrania, entre otras naciones.

 

Recientemente, el Parlamento Europeo subrayó la necesidad de legislar el "ecocidio" en las normas internas de sus miembros, algo en lo que ya trabajan Bélgica y España.

 

En Sudamérica existen propuestas, además de Argentina, en Brasil, Chile y Ecuador, mientras que algunos estados mexicanos, como Jalisco, ya sumaron la figura de "ecocidio" a sus normas penales.

 

Seis proyectos.

 

En el Congreso nacional hay al menos seis proyectos destinados a incluir delitos ambientales en el Código Penal, con estado parlamentario. Según el Monitor Legislativo Ambiental, elaborado por Directorio Legislativo, Eco House, FARN, diario La Nación y Vida Silvestre Argentina, dos fueron girados a las comisiones de Legislación Penal y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (Diputados), y otros cuatro están en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.

 

Los senadores iniciaron un tratamiento conjunto de los proyectos en una reunión de ambas comisiones realizada el 19 de abril.

 

Los autores de estas iniciativas son los senadores Guillermo Snopek, Lucía Crexell, Alfredo Luenzo y Antonio Rodas, y los diputados Leonardo Grosso y Graciela Camaño.