Torturas: registran “aumento alarmante”

Crecen los casos de torturas, malos tratos y muertes bajo custodia en las cárceles federales. Así se desprende del informe anual que elabora la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que indica que en 2024 se registraron más de 40 fallecimientos en contexto de encierro y casi 100 casos de tortura más que en el año 2023. El documento señaló a la Unidad 4, ubicada en La Pampa, como la cárcel donde ocurrió la requisa más violenta, con 16 víctimas.

 

"Aumento alarmante". Así califica la Procuración a los resultados que arroja el informe publicado esta semana, y compartido por Página 12, sobre los casos de muertes en encierro, torturas y malos tratos con respecto al período anterior. Según las cifras del informe de más de 500 páginas, durante 2024 hubo 389 casos de víctimas de tortura y malos tratos, mientras que en 2023 se habían registrado 298. El registro del año pasado es, además, el más alto desde 2020, cuando los números habían bajado por la pandemia y luego comenzaron a subir año a año.

 

La Procuración precisa que 260 de los casos de tortura fueron individuales, mientras que hubo 29 casos colectivos, con más de una víctima. "El episodio más importante tuvo 16 víctimas documentadas en la Unidad N°4 de La Pampa, en el marco de una requisa violenta", indica el documento, que aclara, de todos modos, que las cifras pueden arrojar incluso una subrepresentación ya que "la cantidad total de víctimas solo refiere al número de personas entrevistadas por la Procuración, por lo que puede haber más víctimas del hecho, así como otros episodios con un número mayor de personas agredidas". En cuanto a las víctimas individuales, el informe señala que "el caso más grave fue el de una persona alojada en el CPF I de Ezeiza que sufrió episodios de malos tratos en 13 ocasiones".

 

Protestas y represión.

 

Los escenarios de reclamos o protestas por las condiciones dentro de las cárceles constituyen las circunstancias principales por las que se terminan perpetrando las situaciones de tortura o malos tratos. Así lo detalla el informe, que señala que el 47 % de los casos se produjo en el marco de "reclamo colectivo o individual", mientras que otro 25 % se produjo en "requisas postconflicto".

 

"Estos episodios suelen iniciar con un reclamo por disconformidad ante alguna situación que, al ser desoído, escala en nivel de organización y se convierte en una medida de fuerza colectiva. Frente a estas situaciones, el cuerpo de requisa ingresa con la intención de reprimir la situación, que se evalúa como conflictiva, y realiza un procedimiento de requisa de pabellón, que implica un gran despliegue. Los funcionarios ingresan en grupos, con palos, cascos y equipamiento para realizar el registro y la búsqueda de elementos no permitidos dentro de los pabellones, y requisar corporalmente a las personas allí alojadas", explica el informe, que añade que las situaciones también derivan "en la imposición de sanciones de aislamiento y repercusiones graves para las personas que viven en las instituciones de encierro".

 

Muertes.

 

En cuanto a las muertes bajo custodia, la Procuración da cuenta de 48 casos, de las cuales 40 ocurrieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -10 más que en 2023- y 8 en comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con fallecidos con causas federales o nacionales. De las 40 producidas bajo la órbita del SPF, 17 fueron definidas como muertes violentas -tres más que en 2023- subdivididas en "tres homicidios, cinco suicidios, dos ocurridas en un contexto de consumo de drogas y otras cinco autoprovocadas en el marco de una medida de fuerza desoída". En ese último punto, el organismo también pone un signo de alerta, ya que las cinco muertes duplican el promedio registrado en los quince años anteriores a 2024.

 

De las ocho producidas en comisarías y alcaidías porteñas, dos fueron por causas violentas y seis por enfermedad. El informe puntualiza, sin embargo, que los casos de muerte por enfermedad deben asociarse en este caso con la crítica situación de sobrepoblación que atraviesan esos lugares de detención. "En este contexto se ha detectado que la atención a la salud no cumple con los estándares mínimos de una adecuada asistencia intramuros. En particular, estos espacios no cuentan con personal médico propio, por lo que el acceso a consultas depende de las gestiones realizadas por las autoridades", advierte.