Una mañana muy inusual en la Universidad por una amenaza de bomba

Tras un rastrillaje, la Brigada de Explosivos confirmó que era una falsa amenaza. El autor de la llamada es un albañil de 30 años que trabajaba en una obra en el subsuelo del edificio de calle Gil.

Faltaban cinco minutos para las nueve de la mañana, cuando la tranquilidad habitual de los lunes en la UNLPam fue interrumpida repentinamente por una convocatoria urgente para evacuar el edificio. Esta vez, la activación del protocolo de emergencia no era un simulacro: “Recibimos un llamado telefónico que alertó sobre una amenaza de bomba en el edificio”, informó un efectivo de la Policía Federal.

En un par de minutos, más de un centenar de personas abandonó ordenadamente la sede por sus dos accesos y formó sendos grupos sobre las veredas de avenidas San Martín y la calle Gil, arterias que ya habían sido cortadas por la policía provincial.

Inmediatamente llegaron también la fiscal federal Iara Silvestre y el jefe de la Unidad Regional 1, mientras un equipo de la Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa iniciaba la búsqueda del artefacto dentro de la sede universitaria, que consta de cuatro plantas y dos subsuelos, y donde funcionan dos ascensores. “En este momento, son las únicas personas dentro de la universidad. Ellos harán un barrido en todo el edificio para determinar si efectivamente hay un artefacto explosivo y, si eventualmente encuentran algún dispositivo, tomarán las medidas pertinentes”, explicó Silvestre mientras se realizaba la búsqueda.

Llamado “anónimo”.

Casualmente, una de las actividades previstas era una conferencia de prensa programada para las 10 de la mañana, convocada desde el Rectorado y destinada a anunciar el inicio de una maestría en Gestión de Información. Finalmente, se desarrolló en el Comedor Universitario a las 10,30 horas.

En diálogo con periodistas, Silvestre aclaró que “la amenaza telefónica fue recibida por el Cecom, que activó inmediatamente el protocolo de emergencia para estos casos. El autor de la llamada no se identificó, ni ofreció precisiones sobre la presunta bomba. Solo hizo un anuncio genérico”. Y añadió que “si bien el llamado fue anónimo, la policía está trabajando para identificar al autor de la comunicación partir de los registros del número telefónico que quedó registrado”.

La fiscal aclaró que “en un caso así, lo prioritario y urgente es implementar el protocolo de evacuación del edificio, sin hacer especulaciones sobre si la amenaza es verdadera o falsa. Ante una amenaza, se evacúa inmediatamente”.

Detenido in situ.

Poco más de una hora después los bomberos completaron su tarea y le informaron a la fiscal que no había riesgo, por lo cual el personal podría ingresar nuevamente a la sede universitaria. Precisamente en ese momento, sobre la vereda de calle Gil, frente a un local comercial lindero a la UNLPam, la policía detenía a un joven que portaba una mochila. Luego de identificarlo, lo introdujeron en un móvil de la policía provincial y lo llevaron detenido.

“Esta persona habría efectuado la llamada diciendo que había una bomba. Fue identificado por el número registrado y trasladado para ser indagado por el juez federal. Y según el resultado de las pericias y las pruebas reunidas, confirmaremos si fue, o no, el autor de la amenaza”, explicó Silvestre.

Aún cuando resultó falsa porque no había ninguna bomba, “este tipo de amenaza constituye el delito de intimidación pública, tipificado por el Código Penal. Frente a situaciones de esta naturaleza se actúa siempre como si la amenaza auténtica y verdadera, porque genera temor, produce un enorme movimiento y es claramente un hecho intimidatorio”. La causa será investigada por el Juzgado federal a cargo de Juan José Baric, “no solo porque la intimidación pública es un delito federal, sino porque el edificio pertenece a una universidad nacional”, concluyó.

Desde el subsuelo.

El detenido es un albañil de 30 años, residente en Santa Rosa, y empleado de la empresa constructora contratada para remodelar las instalaciones de la Biblioteca de la UNLPam, que funciona en el primer subsuelo. “La policía realizó una investigación y logró identificar al titular del número telefónico registrado con esta llamada. Luego se contactaron con la UNLPam, nos comunicaron nombre y apellido y preguntaron si pertenecía a la planta de personal o era estudiante. Nosotros no lo teníamos registrado, pero contactamos también a las empresas de limpieza y constructora que tenían personal en el edificio”, contó Oscar Alpa.

Según el rector de la UNLPam, “esta persona fue detectada por la constructora que está remodelando la Biblioteca, como parte de su planta de personal. Nos informaron que se presentó a trabajar normalmente, por lo cual inferimos que realizó la llamada desde el subsuelo. Cuando observó el movimiento avisó que iba a pagar algo y se fue por un rato, pero finalmente lo detuvieron frente a la Universidad”, completó.

Ayer se allanó su domicilio por pedido de la Fiscalía, pero no se detectaron elementos de relevancia para la causa. No obstante, continúa detenido y hoy

va a ser indagado por la Justicia.

Caja siniestra en casa de gobierno.

“El único caso similar, que yo recuerde, ocurrió en la Casa de Gobierno hace algunos años. Recién comenzaba mi desempeño como fiscal federal y el elemento que activó el protocolo no fue una amenaza telefónica, sino la aparición de una caja con un rótulo informando que contenía una bomba. Efectivamente, adentro encontraron algunos artefactos electrónicos, pero en definitiva no era una bomba sino un elemento simulando que lo era”, respondió Iara Silvestre.

El episodio de marras ocurrió un lunes lluvioso: el de 31 mayo de 2021. Al mediodía, un hombre “encapuchado y con barbijo” ingresó al Centro Cívico y caminó tres metros hasta un pasillo donde dejó un paquete con el mensaje “Así es, esto contiene una bomba como la de Bahía Blanca. ¡Corré que todo vuela en 5’!”. El edificio tuvo que ser desalojado rápidamente y, aunque resultó una falsa alarma, la amenaza provocó profundos cambios en el sistema de seguridad, incluyendo la instalación de detectores, controles electrónicos y más cámaras de seguridad

Una vez que el personal fue evacuado, la Brigada de Explosivos confirmó que la caja no contenía ningún artefacto explosivo. “No era una bomba. Era una caja de cartón con una etiqueta de papel y algunos elementos adentro”, aclararon las fuentes de entonces. Luego se supo que también contenía dispositivos electrónicos y una carta amenazante contra el gobierno provincial: “solamente los estaba probando, pero las próximas irán en serio”, decía.

Al igual que ahora, la causa recayó en la fiscal federal Iara Silvestre, y fue caratulada como delito de “intimidación pública”.

Violencia política.

Hace cuatro años, en plena pandemia de coronavirus, la atmósfera política seguía incrementando su contenido de violencia con ataques perpetrados por sectores de derecha y discursos de odio emitidos por sus principales dirigentes. La referencia a Bahía Blanca del mensaje recordaba, precisamente, un atentado con explosivos que había destruido la sede de La Cámpora en esa ciudad bonaerense, seis días antes.

El domingo 25 de mayo de 2021, dos personas detonaron un artefacto explosivo en ese local partidario, ubicado en la esquina de Donado y Berutti, y escaparon a bordo de un auto gris. Si bien los autores no pudieron ser identificados, un homicidio ocurrido en septiembre del año pasado permitió esclarecer el caso: la policía allanó dos domicilios vinculados a Pablo Antonio Ceferino Dahua, principal sospechoso del crimen, y descubrió explosivos de fabricación casera, material electrónico para su ensamblaje y un Fiat Siena gris.

Dahua, que hoy aguarda en prisión el juicio por homicidio, terminó también imputado por “incendio u otro estrago con peligro de muerte; fabricación o tenencia de materiales explosivos, y asociación ilícita para combatir ideologías por la fuerza o temor y actos discriminatorios”. Hace dos meses, el 13 de junio, los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, de la Cámara Federal, rechazaron una apelación presentada por su defensa y confirmaron el procesamiento dictado por la jueza María Gabriela Marrón.